Impulsan modificaciones en las normativas de regulación de geriátricos

Impulsan modificaciones en las normativas de regulación de geriátricos

septiembre 12, 2016

Ante las transformaciones demográficas que se han vivido en los últimos años, la legislatura porteña lanza un Proyecto de Ley para la adecuación de las disposiciones que atañen a la calidad de vida de los adultos mayores que viven en establecimientos para tal fin.

 

 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires entra en la categoría de lo que se denominan “sociedades envejecidas”. Es así porque el porcentaje de adultos mayores de 65 años que la integra supera el 7% de la población. Un informe elaborado por Estadísticas y censos de la Ciudad, llamado “Dinámica y envejecimiento demográfico en la Ciudad de Buenos Aires” publicado en 2013, da cuenta que en dicha jurisdicción ese porcentaje, según el último censo nacional, asciende a la cantidad de 16.5%. Por su parte el porcentaje correspondiente a las personas que alcanzan la edad de 80 años o más viene creciendo desde el año 1960 alcanzando el 5,1% en el año 2010.

Estas transformaciones demográficas, implican desde un punto de vista normativo la constante actualización de las normativas vigentes para enfrentar los desafíos que implican. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud destaca que: «Es importante preparar a los proveedores de atención sanitaria y a las sociedades para que puedan atender las necesidades específicas de las personas de edad. Esto incluye proporcionar formación a los profesionales sanitarios sobre la atención de salud de las personas de edad; prevenir y tratar las enfermedades crónicas asociadas a la edad; elaborar políticas sostenibles sobre la atención paliativa de larga duración; y diseñar servicios y entornos adaptados a las personas de edad.»

Sumado a esto, las nuevas tecnologías, el avance en la protección de sus derechos, de la medicina y el aumento de la esperanza de vida de las personas, deben encontrar respuestas institucionales y sociales a esta realidad, en las políticas públicas que atiendan la situación y que adapten el funcionamientode los servicios para este sector de la sociedad.

En este orden de ideas es en el que se basa la legisladora Graciela Ocaña, del bloque Confianza Pública, para un Proyecto de Ley que propone la actualización y readecuación de la Ley vigente en materia de regulación de los establecimientos geriátricos. En éste hace “especial hincapié en el consentimiento del adulto mayor, la protección de sus derechos y la promoción de una mejor calidad de vida dentro de los establecimientos residenciales y Centros de Día”, según fundamentó.

El proyecto reafirma la necesidad de consentimiento del adulto mayor para su ingreso en las instituciones, teniendo en cuenta que la mayoría de las veces, esto no sucede. Sea cual fuere el nivel de dependencia, la persona no puede perder su autonomía en las decisiones sobre el rumbo de su vida. Por eso, expresa que es fundamental que los adultos en cuestión puedan ejercer libremente sus derechos haciéndolos partícipes de la decisión. Esto mediante el efectivo conocimiento, cuando fuese posible, de la institución en si y de cualquier procedimiento que se deba realizar.

El proyecto perfecciona y moderniza la Ley 661 y sus modificatorias, planteando, entre otras, las siguientes reformas: reemplazar el término Geriátrico por el de “Establecimiento para Personas Mayores”. La ampliación de sus derechos, dando especial relevancia al consentimiento de éste.

Además, incluye la modificación de normativas para las instituciones, planteando la cantidad de personas que pueden ser alojadas, los cargos directivos de los que dependerán y el personal con el que deben contar los establecimientos y su efectiva capacitación. Así como medidas preventivas de seguridad y de sistemas alternativos de suministro de energía eléctrica.

Según Ocaña, “los puntos anteriormente señalados hacen de ésta una ley flexible, que se adapta a los permanentes cambios que las nuevas generaciones de adultos mayores requerirán”.