El miércoles 11 de junio, el anexo secundario del Instituto de Enseñanza Superior “Juan B. Justo” D.E.17, ubicado en Álvarez Jonte 3867, se sumó a la toma de las escuelas y sus estudiantes fueron amedrentados, dos noches seguidas, por personal policial.
Después que se diera a conocer el fallo de la Corte Suprema de Justicia respecto a la condena de la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, los centros de estudiantes se declararon en alerta, por entender que se está asistiendo a un golpe institucional que atenta contra la democracia.
En el Centro de Estudiantes – Nivel Secundarios del I.E.S “Juan B. Justo” decidieron por amplia mayoría sumarse a las primeras escuelas que se declaraban en toma. Entre ellas estaban, la escuela Cortázar, escuela de música Esnaola, el Liceo 9, Nacional Buenos Aires, el Nacional Pellegrini. Con el correr de las horas se fueron sumando el Normal 1 y ESEA Rogelio Yrurtia y Fernando Arranz.
El reclamo de las y los estudiantes no se dio en defensa de la ex presidenta, sino como un estado de alerta por el golpe institucional de la corte suprema, que profundiza la crisis social y educativa, que vienen reclamando desde hace tiempo.
“En asamblea decidimos sumarnos a la toma porque queremos tener el derecho de votar a nuestros representantes, sean de la fuerza que sean, pero también por en reclamo de la reforma educativa “BA Aprende” y en solidaridad con las y los jubilados que todos los miércoles son reprimidos en el Congreso, así como también por lo que está pasando en el Hospital Garrahan, en el Conicet y con las personas con discapacidad” comentaron estudiantes de la escuela.
La toma pacífica de las y los estudiantes del Juan B. Justo transcurrió con total normalidad la primera tarde, pero cuando cayó la noche, personal policial se presentó en la puerta del instituto educativo, alrededor de las 23:00 horas y le tomaron los datos personales a un menor de edad.
El jueves 12, a primera hora y aún sin haber amanecido, cinco oficiales bajaron del patrullero en la puerta de la escuela y despertaron a los estudiantes con golpes en las rejas, exigiendo que se presentaran las autoridades del establecimiento.
En el transcurso de la mañana, directivos del IES Juan B. Justo, hablaron con los oficiales y remarcaron que desde la escuela se habían activado todos los protocolos y presentado las notas pertinentes.
Ante estos hechos, integrantes de la Asamblea Banderín, se hicieron presentes en distintos momentos de la jornada, para presentar su apoyo a las y los estudiantes, acercaron donaciones de material de limpieza e hicieron guardia para observar el accionar policial.
La segunda noche de la toma, nuevamente comenzaron a circular patrulleros, mientras las familias de la comunidad educativa activaron una red de cuidado para los menores.
Según pudo registrar este medio, el jueves alrededor de las 21:00 horas, un oficial bajó del patrullero y se acercó a las familias de los estudiantes que se encontraban y la puerta.
El policía solicitó ser informado sí seguía la toma, cuántos estudiantes estaban en el interior de la escuela, sí había autoridades, si ellos eran familiares de estudiantes que estaban en la toma, cuántas familias había y pidió que uno de los adultos le dieran los datos personales, alegando que debía actualizar la información.
Este hecho alarmó una vez más a los menores, que vieron como el oficial tenía el celular posicionado de un modo que parecía más que se estaba filmando que tomando datos.
Ante este nuevo amedrentamiento, las familias se contactaron con representantes de la Defensoría del Pueblo que se hicieron presentes en la Comisaría Vecinal 9-A, para consultar los motivos del accionar. La respuesta que obtuvieron fue que desde ahí no se había enviado a ningún móvil, y que tampoco había recibido denuncias de parte de los vecinos.
Luego, los defensores hicieron guardia en la puerta de la escuela junto a las familias, y pudieron confirmar que el patrullero no dejó de pasar hasta altas horas de la madrugada.
El viernes por la mañana, una oficial que se encontraba haciendo guardia en la puerta de la escuela, se acercó abiertamente a filmar con su celular a menores que no dieron su consentimiento y que se iban retirando del establecimiento.
Según la información que trascendió, pudieron identificar con nombre, apellido y número de placa a la oficial que continuó realizando su guardia. Esta denuncia de parte de los estudiantes, seguirá siendo investigada por la Defensoría del Pueblo.
