Según el último censo nacional, en la Ciudad de Buenos Aires existen 340 mil viviendas que se encuentran deshabitadas, mientras que cerca de 350 mil personas se hallan en situación de emergencia habitacional. De esta manera, se aspira a dar una respuesta efectiva a quienes buscan acceder a una vivienda.
En la Legislatura porteña se presentó una medida que aspira a que esos inmuebles, ya sean públicos o privados, sean destinados a garantizar el derecho a la vivienda, y dar plena vigencia al principio de la función social y ambiental de la propiedad.
El legislador del monobloque Bien Común, Gustavo Vera, presentó un proyecto de ley que busca incorporar en la normativa de la Ciudad la función social y ambiental de la propiedad. Esto significaríaque los inmuebles que se encuentren ociosos con fines injustificados o especulativos; que incumplan los deberes de conservación, mantenimiento, mejora y rehabilitación; o que sea utilizado de forma distinta al establecido en la zonificación urbanística correspondiente, sean considerado como carente de función social y ambiental.
Para disuadir a esos propietarios de inmuebles ociosos acerca de la necesidad de su puesta en funcionamiento, se propone la implementación de un impuesto que tome como base el gravamen territorial para desalentar su subutilización.El monto del impuesto surgirá de una escala que tendrá como base el valor del Impuesto Inmobiliario: desde la declaración como Inmueble Ocioso, durante 12 meses: 800%; de 12 a 18 meses: 900%; desde los 18 meses: 1000%.
Asimismo, se ideó la creación de una Oficina de Bienes Inmuebles(OBI) yen el ámbito de esta oficina el Registro Público de titulares y usos de los bienes inmuebles de la Ciudad. El primero deberá contar con la información del uso de cada uno de los inmuebles ubicados en dicho distrito; y el segundo concentrará la información relevada por la primera.
Como complemento, y a fin de garantizar el efectivo uso como vivienda de los inmuebles en cuestiones, se propicia la creación de un Fondo para Políticas de Vivienda y un Régimen de alquiler social. El mismo, estará destinado a garantizar soluciones transitorias y definitivas para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y a financiar el régimen de alquiler social administrado por la OBI.
En los casos en que los propietarios deseen incorporar sus viviendas al mercado de alquiler pero no cuenten con los recursos para su rehabilitación, la iniciativa idea una línea de créditos y beneficios impositivos. Así, el Banco Ciudad será el encargado de implementar una línea de créditos para rehabilitaciones y/o refacciones a tasas preferenciales, con la finalidad de fomentar la rehabilitación de inmuebles para ser alquilados.
El proyecto lleva el número de expediente 595-D-2016 y fue girado a la comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, donde espera ser tratado.
