El legislador Gustavo Vera, junto al Frente Salvador Herrera y la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, elaboraron un proyecto de ley para que la empresa realice la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento básico en el interior de las villas y asentamientos informales de la Ciudad. “Actualmente entre 400 mil y 500 mil personas viven en villas y no tienen garantizado este derecho” asegura la ingeniera María Eva Koutsovitis.
El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo de la Ciudad, encargado de garantizar el servicio de agua y cloacas a los porteños, firme un convenio con Aguas y Saneamientos Argentina S.A. a fin de que AySA, en principio, realice la prestación del servicio público de agua potable y saneamiento en el interior de las villas y asentamientos informales de la Ciudad aún cuando no existan vías públicas reconocidas formalmente.
A su vez, la iniciativa deja en claro que en las obras de infraestructura sanitaria que el gobierno realice, deberá dar intervención obligatoria a AySA quién deberá supervisar su ejecución a fin de garantizar, que una vez finalizadas las obras, las mismas sean transferidas inmediatamente para su operación y mantenimiento de la empresa.
Para la ingeniera María Eva Koutsovitis, una de las impulsoras de este proyecto, la medida permitirá integrar los asentamientos a la Ciudad de Buenos Aires y a su desarrollo. “Quienes habitan hoy en las villas no pueden acceder al agua. Pareciera que en la ciudad hay habitantes de primera y de cuarta” sostiene la integrante del parlamento por el Agua. A su vez, Koutsovitis cuestionó el estado deficitario de las obras de saneamiento. “Cuando llueve y se inunda, el agua no sólo tiene líquido cloacal, sino también metales pesados”.
Debido a lo extenso de la obra, y teniendo en cuenta la urgencia de la necesidad, el proyecto plantea que hasta que finalicen las obras de infraestructura sanitaria definitiva, el Poder Ejecutivo deberá, donde no se garantice el suministro continuo de agua potable, proporcionar a cada habitante 2 litros diarios de agua potable envasada.
A su vez, la Agencia de Protección Ambiental (APrA) o el organismo que el Poder Ejecutivo establezca, deberá controlar la calidad del agua en el ingreso a los domicilios de las viviendas de las villas y asentamientos informales de la Ciudad de manera constante y periódica y remitir a la Legislatura de la Ciudad los resultados cada seis meses.
