El miércoles 25 de octubre, el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 10 de la Ciudad Buenos Aires, a cargo del Dr. Aurelio L. Ammirato, hizo lugar al amparo presentado por los vecinos de Villa Real y decidió "suspender —con carácter precautelar y en el estado en que actualmente se encuentre— la ejecución del proyecto denominado Zona Calma" hasta que el gobierno acerque los permisos ambientales o inicie el proceso de evaluación de impacto ambiental, obligatorio para una obra de esta envergadura.
A fin de conocer el nuevo panorama que se abre tras esta decisión judicial conversamos con el abogado Jonatan Baldiviezo, letrado patrocinante de los vecinos.
NNI: ¿Cuáles fueron los fundamentos de la justicia para hacer lugar al amparo?
J.B: El juez Ammirato puso en conocimiento de esta demanda al Gobierno de la Ciudad y le pidió los expedientes que justificaban la realización de estas obras. Allí detectó que ciertamente el gobierno no contaba con los permisos ambientales correspondientes para realizar la obra, no tenía certificado de aptitud ambiental otorgado por la Agencia de Protección Ambiental, que es la máxima autoridad ambiental de la Ciudad y es la que verifica y otorga los permisos ambientales para cada una de las obras públicas o privadas de la Ciudad.
Al constatar que faltaban esos permisos ambientales decidió suspender las obras. No hizo falta que ingrese a los cuestionamientos de los vecinos, ya que al no tener los permisos ningún cuestionamiento se puede realizar porque la obra deviene ilegal.
NNI: ¿Cómo continúa el proceso?
J.B: El juez decidió suspender estas obras hasta que el gobierno acerque los permisos ambientales o inicie el proceso de evaluación de impacto ambiental en caso de que el no acercamiento de esta información haya sido un olvido, cosa que no creemos ya que nosotros hemos revisado el expediente administrativo y en ningún momento encontramos el permiso ambiental y el estudio de impacto ambiental, que para nosotros se tiene que realizar con una Audiencia pública con los vecinos, ya que justamente una de las principales denuncias que se está realizando es que estas obras fueron inconsultas y que si se les preguntara a los vecinos, se podrían buscar alternativas a este tipo de intervenciones peatonales para lograr el mismo resultado, es decir, la disminución de la velocidad del tránsito por esa zona.
Ahora habrá que esperar la reacción del gobierno. Si decide apelar esta decisión judicial, si decide avanzar para conseguir los permisos ambientales o decide suspender la obra y acatar la orden judicial. El gobierno tiene bastantes alternativas. Estaremos a la espera de su respuesta.
Los motivos del amparo
Tal como fundamentó Baldiviezo en entrevistas anteriores con este medio, toda obra de esta envergadura genera impactos negativos y positivos que tienen que ser bien estudiados y analizados para buscar cuál es la forma más eficiente de hacerla. Estos procesos, cuando son impactos importantes, se tienen que hacer con audiencia pública, es decir, dándoles participación a los vecinos.
“Este proceso, que requiere un estudio de impacto ambiental previo, un dictamen por parte del gobierno y la audiencia pública no se llevó a cabo para esta obra de zona clama y esto es lo que se está pidiendo en la acción judicial: que se frenen las obras, que se hagan estos estudios, que a partir de ese estudio se pueden buscar soluciones alternativas a estos impactos negativos que ya describí con participación vecinal. Y este es un mandato que establece la Ley 123 de evaluación e impacto ambiental de la Ciudad y que establece la Constitución”, asegura el Dr. Baldiviezo.
A su vez, el hecho determinante para el letrado es que casi la mitad del barrio de Villa Real está constituido por pasajes que están protegidos ambientalmente. Y esa protección ambiental lo que ordena es que no se modifique su fisonomía, que se conserven sus características. “Justamente esta obra viene a modificar esos pasajes que tampoco ha sido discutido ampliamente ni con fundamentos técnicos. Veremos cómo la justicia reacciona con el amparo que tiene argumentos sólidos: casi la mitad de la superficie de Villa Real son pasajes protegidos y la obra no es menor, va a intervenir 47 manzanas por lo tanto como mínimo requiere que el gobierno haga un estudio de impacto ambiental y dé participación vecinal”, advirtió.
