Organismos internacionales muestran el impactante crecimiento en las cifras de trata de personas. Ante esta situación el 90 % de los países del mundo tipificaron el delito y promovieron políticas públicas de prevención, sanción y atención integral a las víctimas. En esta línea, la Ciudad de Buenos Aires busca ampliar la ley de asistencia a las víctimas, incorporándolas al trabajo formal público.
La trata de personas se ha convertido en una de las actividades ilegales más rentables del mundo. Según organismos internacionales las cifras se han elevado notoriamente en los últimos años. Para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alrededor de 4 millones de personas son víctimas de trata en el mundo. Mientras que América Latina es la segunda región mundial con más víctimas, alrededor de 250.000 personas la sufren.
Miles de personas son sometidas al trabajo esclavo en América Latina. Esto implica la captación, traslado, y explotación ya sea laboral, con fines de tráfico de órganos o sexual, siendo esta ultima la de porcentajes más elevados.Datos otorgados por TeresaUlloa Ziaurriz, integrante de la Asociación Civil Coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe(CATWLAC), muestran que el comercio sexual en América Latina representa ganancias equivalentes al 17% del PBI de la región. Las víctimas, en todas sus aristas se ven privadas de los derechos humanos más importantes, como la identidad, la libertad y la dignidad.
Ante esta situación las Naciones Unidas han dispuesto el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Según el Informe Mundial sobre la Trata de Personas 2014, elaborado por la Oficina contra la Droga y el Delito de la organización, “más del 90% de los países de todo el mundo tipifican como delito la trata de personas y muchos países han promulgado leyes nuevas o han actualizado las existentes desde la entrada en vigor en 2003 del Protocolo contra la Trata de Personas de las Naciones Unidas”.
En línea con las disposiciones de los organismos internacionales En la Ciudad de Buenos Aires, el legislador Gustavo Vera, del Bloque Bien Común, ha presentado un proyecto de ley que ampliaría la Ley N° 2781 de Asistencia Integral a las víctimas, en donde se estipula que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá “promover acciones tendientes a desarrollar emprendimientos productivos, de modo de incorporar a las víctimas al empleo formal y generar fuentes genuinas de recursos económicos que garanticen su subsistencia”. De la misma manera se trata de una propuesta que dé respuesta a la promoción de la igualdad entre varones y mujeres previendo medidas especiales de prevención de violencia psicológica, física y sexual contra las mujeres.
El proyecto propone incorporar aquellas personas mayores de 18 años victimas de trata de personas que hayan sido rescatadas en la Cuidad de Buenos Aires a puestos de trabajo en el Sector Público o en empresas donde la participación estatal sea mayoritaria, en un porcentaje de al menos 2% de su planta permanente. El proyecto incluye la capacitación y adaptación permanente para una correcta inserción laboral. Si esta no se hace efectiva se pagará a la víctima el equivalente a dos salarios mínimos, vital y móvil.
Actualmente en el país se encuentra disponible la línea 145, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para denuncias las 24 horas los 365 días del año.
