La iniciativa busca regular el mercado, facilitando garantías y controlando abusos de las inmobiliarias para aquellos que son inquilinos, y promover el acceso a la vivienda propia. En 2001, el 70% de los habitantes de la Ciudad era propietario, ahora la mayoría de los porteños son inquilinos.
El diputado porteño Javier Andrade presentó un proyecto de creación de una Inmobiliaria Estatal en la Ciudad. El mismo tiene por objetivo garantizar el acceso a una vivienda digna, tal como establece la Constitución Nacional desde 1994.
La propuesta surge en función de los datos que viene proporcionando el Anuario Estadístico de la Ciudad, donde se comprueba que año tras año crecen la cantidad de inquilinos y disminuyen los propietarios en la Ciudad de Buenos Aires. Sin en 2001, el 22% de los habitantes alquilaba una vivienda, en 2015 la cifra trepó al 35% y en algunas comuna el porcentaje llega al 48%.
Por ello, el proyecto de ley propone la creación de dos registros: uno de Inmuebles y otro de contratos. “En ambos ítems subyace una misma realidad: la ciudad dispone de más de 300 mil inmuebles deshabitados, que no están siendo ofertados para alquilar, imposibilitando que el mercado se desenvuelva equitativamente entre locadores y locatarios. Por tanto, será función prioritaria de la Inmobiliaria posibilitar un equilibrio virtuoso del proceso, a fin de que tanto propietarios como inquilinos encuentren beneficiosa la participación e intermediación de la misma en todo el proceso”, asegura el texto normativo.
También plantea establecer un tributo a todas aquellas propiedades que permanezcan ociosas, a fin de generar un incremento en la oferta de inmuebles.
En la iniciativa, el Banco Ciudad ocupa un rol protagónico: para los inquilinos sería una sea parte fundamental en el proceso de garantías, ya que muchos inquilinos encuentran enormes dificultades a la hora de conseguir una para alquilar. Y para aquellos que busquen comprara una vivienda, el Banco sería clave en el otorgamiento de créditos hipotecarios.
“Creemos que es el Estado quien debe regular el mercado inmobiliario y generar las políticas necesarias que tiendan a lograr condiciones más justas. Creemos que el objetivo debe ser volver a tener una ciudad donde la mayoría de sus ciudadanos tengan posibilidades reales de ser dueños de sus viviendas y, mientras sean inquilinos, sepan que el Estado los protege evitando que mercado inmobiliario continúe con sus «errores», omisiones o claros abusos ante la pasividad e inacción del Estado de la ciudad”, asegura el proyecto de Javier Andrade, quien cuestionó que el presupuesto 2017, de más de 174 mil millones de pesos, no sea destinado a resolver necesidades tan básicas como ésta.
Por el momento, la iniciativa se encuentra en la etapa de comisiones. Habrá que esperar a ver si esta problemática de primer orden para los porteños será tratada en el reciento durante este 2017 electoral. Casi un millón de inquilinos estarán más que agradecidos.
