Con críticas y exigencia de justicia, familiares de los ocho bomberos y de los dos rescatistas fallecidos realizaron un homenaje en la puerta del galpón ubicado en el barrio de Barracas. El inspector Edgardo Castro, quien había pedido la clausura del local en 2008 y el legislador porteño Marcelo Ramal denunciaron la complicidad y el encubrimiento de funcionarios del Estado.
En Azara 1245, delante de la pared que se levantó en reemplazo de aquella que hace dos años cedió ante el fuego y aplastó a diez bomberos y rescatistas, los familiares de las víctimas alzan la voz. Sus caras denotan tristeza y bronca.
Hace dos años que intentan encontrarle una explicación a un incendio que nunca debió suceder. Incendio que, debido al impacto de los escombros acabó con la vida del comisario inspector Leonardo Day, de la subinspectoraAnahí Garnica, de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz y de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, todos de la Policía Federal. También murieron en el momento José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico, que se encontraba allí como rescatista de Defensa Civil, al igual que Pedro Barícola,Sebastián Olmos y Facundo Ambrosi, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.
“Esto no fue un accidente. Mi hermano murió porque alguien prendió un fuego intencional en el lugar que funcionaba mal habilitado por un sistema corrupto». La frase pertenece a Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos rescatistas de Defensa Civil que murieron en el incendio, y sintetiza parte de las pocas conclusiones que pueden elaborarse a dos años de la tragedia.}
Como la solicitud de clausura del predio que ya había pedido en 2008 el inspector porteño Edgardo Castro. O el rechazo que defensa civil realizó en seis oportunidades de los planes de contingencia que en caso de incendio habia presentado la empresa. Datos que marcan que detrás de Iron Mountain hay mucho más que el simple incendio de un galpón.
“En la causa Iron Mountain son mucho más los puntos oscuros que las certezas” asegura el legislador porteño Marcelo Ramal.
Para Ramal, por un lado esta el tema de la habilitación, donde se presentaron pedidos de informes que el gobierno tardó 11 meses en responder y donde queda claro que ese galpón nunca debió ser habilitado y por el otro, el contenido de los papeles que se quemaron.
En relación al primer aspecto, para el legislador del FIT Iron Mountain “no estaba preparada para resistir un incendio y esto se sabía perfectamente”. La prueba más contundente son los seis rechazos que Defensa Civil realizó al plan de contigencia frente a incendios que había presentado la empresa.
En el otro aspecto, según aseguró ramal en Frecuencia Zero, en el galpón “había información sobre la deuda externa argentina; esta informacion hubira mostrado como todo un sector de la clase empresaria forma parte de los buitres, es acreedora del país”.
Parte de este argumento es apoyado por el inspector porteño Edgardo Castro, quien ya en 2008 había solicitado la clausura del local. “Es claro que HSBC lava dinero y que el objeto de Iron Mountain no es proteger la documentación y destruirla en términos legales sino hacerla desaparecer en la ilegalidad como fue en este caso”, declaró en radio del Plata.
Desde el punto de vista judicial, se registran muy pocos avances. “Después de 2 años creo que nunca hubo en una causa elementos tan claros como para llegar al menos a algunos responsables” asegura Castro quien dio por descontado que este caso termine impune debido a la fuerte protección política de los funcionarios porteños. ““Fernando Cohen, era coordinador e involucrado en este tema y hoy es premiado como director general de Protección del Trabajo, y Ezequiel Sabor que protegió a Iron Mountain, hoy está premiado como secretario de Trabajo”.
Para Ramal, “tenemos un Estado que se esta escudando o presentando excusas cuando deberíamos tener un Estado demandante, porque hubo perjucio al patrimonio de la Ciudad, en principio humano”.
Iron Mountain ya tuvo 5 siniestros similares en el mundo, y otros 5 en Argentina, uno en su planta de Parque Patricios y otros 4 en la de Villa Lugano. En este panorama complejo, los familiares reafirmaron su compromiso en la búsqueda de justicia. A dos años del incendio, hay voces y pruebas que se resisten a extinguirse.
