Agrupaciones de inquilinos denuncian que propietarios e inmobiliarias piden entre un 40% y un 60% de aumento para renovar el contrato, ajustes semestrales del 15% y hasta cláusulas que violan derechos establecidos en el Código Civil y exigieron la creación de la Defensoría del Inquilino, un organismo público que funcione en el ámbito de la Defensoría del Pueblo.
A la suba de alimentos, luz, gas, peajes y útiles escolares, por enumerar solo algunos rubros que se vieron afectados por la ola inflacionaria, los porteños tienen que sumar uno fundamental: los alquileres. Este ítem, sin duda, cobra mayor importancia que el resto ya que afecta a casi un millón de porteños y representa, en algunos casos, más del 50% del salario. Y por supuesto, mayor preocupación. Por eso, desde mediados de enero, asociaciones de inquilinos denuncian que, pese a lo informado por el sitio reporte inmobiliario, los alquileres aumentaron entre un 40 y un 60%. A este alza hay que sumarle una nueva modalidad, prohibida, de indexación del alquiler cada seis meses, con subas de hasta el 15%.
La información, refrendada por miles de inquilinos particulares, puso sobre la mesa la desprotección de quienes quieren alquilar un inmueble frente a inmobiliarias y propietarios. Esto dio rienda suelta a un buen número de abusos por parte de ambos actores, entre los que se destaca el cobro desmedida de dos meses de comisión por parte de las inmobiliarias. Esto está explicitamente prohibido por la Ley 2340 de la Ciudad, aprobada en 2007, donde se estipula que las inmobiliarias no pueden cobrarle al inquilino más de un mes de comisión. “Sólo haciendo cumplir esta normativa estaría bajando la rentabilidad en negro del mercado inmobiliario en un millón de pesos por día” aseguró Gervasio Muñoz, dirigente de Inquilinos Agrupados.
Hace tiempo que su organización viene exigiendo que se apruebe el proyecto 3381/14, que establece la creación de la Defensoría del Inquilino, un organismo público que funcionará en el ámbito de la Defensoría del Pueblo y que se encargaría de asesorar, proteger y elaborar políticas públicas para los inquilinos, un lugar institucional desde el cual avanzar. “Se trata de un proyecto que, si bien fue presentado hace más de un año, todavía no recibió tratamiento en Comisión” aseguran.
En ese sentido, los reclamos se centran, no sólo en hacer cumplir las leyes que ya fueron aprobadas sino en que el monto del alquiler por mes no se lleve el 40% de un salario, ya que en muchos casos se paga lo mismo que saldría una cuota de un crédito hipotecario; y por otro lado estirar el plazo de alquiler de dos a tres o cuatros años, para garantizar la estabilidad de una familia en un barrio. “Tenemos que dar esta discusión, más allá que hay una discusión más de fondo que es la propiedad de la tierra” reconoce Muñoz, quien aporta un dato bien gráfico: el grupo IRSA construyó la mitad de la superficie de la Ciudad de Buenos Aires hacia arriba.
El tema exige especial atención ya que las propias estadisticas marcan un crecimiento de los inquilinos en la Ciudad. Según datos oficiales, en 2003 el 23% de los porteños alquilaba. En 2014, el número pasó a un 32%. En este contexto, se desarolló el boom inmobiliario que pobló de edificios la Ciudad, lo que genera un panorama por demás complejo y desigual. «Hace 5 años en la Ciudad de Buenos Aires hablamos que un 25% alquilaba y hoy estamos en el 33%, cada vez hay más inquilinos y baja la cantidad de propietarios, que concentran cada vez más departamentos en menos manos», aseguró Muñoz en Radio 10.
Para José Griselli, presidente de la Asociación en Defensa del Inquilino, la situación habitacional es crítica. En una Ciudad que tiene 250.000 viviendas ociosas, más de 900.000 personas alquila”. Para Griselli, “la vivienda cumple un fin social, hay que hacer algo con esos lugares”.
Sin embargo, ambas organizaciones de inquilinos se muestran escépticas. “No nos llama la atención que la Comisión de Vivienda no le haya dado tratamiento a la Defensoría del Inquilino” aseguró Muñoz. “Es una actitud coherente con las políticas del Gobierno de la Ciudad. Un gobierno de inmobiliarias y constructoras, que no le interesa ponerle freno a la ilegalidad y la impunidad del nefasto mercado inmobiliario”.
A pesar de que el presupuesto del Instituto de la Vivienda de la ciudad de Buenos Aires (IVC) se cuadruplicó entre 2005 y 2014 (pasó de $ 197 millones a $ 800 millones), las soluciones habitacionales otorgadas en los últimos siete años sólo cubren el 4,61% de las necesarias.
El IVC informó a LA NACION que entre 2008 y 2014 se entregaron 6121 soluciones habitacionales de las cuales 3501 corresponden a viviendas nuevas. Según el mismo organismo, y de acuerdo a los datos surgidos en el Censo Nacional de 2010, 132.570 hogares porteños necesitaban una solución habitacional y, de ese grupo, en al menos 71.919 se requería una nueva vivienda. Una proyección realizada por el CELS para 2015 indica que esa cifra trepó a 118.000 hogares.
El número de viviendas vacías en la ciudad no es preciso. El censo de 2010 arrojó que 340.000 inmuebles estaban desocupados, pero distintas estimaciones indican que son entre 50.000 y 170.000.
