La ley tiene como objetivo establecer que la violencia de género debidamente acreditada constituye causal suficiente para solicitar una licencia en el terreno laboral, en éste caso particular, en el ámbito de la administración pública, cualquiera sea la forma de contratación que la mujer goce.
El marco normativo con el que cuenta el país para proteger los derechos de las mujeres frente a distintos tipos de violencias es amplio. Contando con leyes de orden internacional y nacional. Bajo este marco y en la misma línea, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos de Aires en su artículo 38 establece la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de políticas públicas además de que, en dicho artículo, se plantea como objetivo de la ciudad trabajar por la modificación de los patrones socioculturales y, entre otras, promueve acciones positivas destinadas a garantizar derechos como la vivienda y provee la prevención de la violencia física, psicológica y sexual.
Para seguir ampliando los derechos conquistados por las mujeres, la legislatura porteña, de la mano de Pablo Ferreyra del bloque del Frente para la Victoria, ha presentado un proyecto de ley para promover y garantizar los derechos laborales de las mujeres trabajadoras en situación de violencia de género. La ley tiene como objetivo establecer que la violencia de género debidamente acreditada constituye causal suficiente para solicitar una licencia por violencia de género en el terreno laboral, en éste caso particular, en el ámbito de la administración pública, cualquiera sea la forma de contratación que la mujer goce.
Incluir la violencia de género como causal suficiente para la solicitud de una licencia, garantiza el derecho de las mujeres en situación de violencia, a su protección ante el estado de riesgo y a la contención y el acompañamiento necesario ante el daño producido por su agresor.
Al no existir legislación vigente sobre el ámbito laboral, las mujeres agredidas muchas veces son estigmatizadas, ya que para resolver los contratiempos de una situación de violencia y la salida de la misma se realizan pedidos de licencias psiquiátricas, médicas, o de vacaciones. Además la licencia a la vez que garantizará un derecho concreto a través del otorgamiento de días para solucionarla, ayudará a exponer la problemática social para su tratamiento colectivo, justificando la inasistencia, al mismo tiempo dando las herramientas de asistencia y contención necesarias.
Ferreyra plantea que “Esta ley apunta a reconocer que la violencia de género no es una enfermedad, ni un asunto particular o privado de las mujeres, sino que es una manifestación cultural creciente de desigualdad y poder que el Estado debe reconocer a través de normativas específicas y políticas públicas.”
La importancia reside en que la mujer víctima de violencia muchas veces no tiene ingresos económicos, lo que se llama dependencia económica. Esto, empeora el problema, ya que la mujer verá más difícil la posibilidad de salida de la situación de violencia por no tener un sustento. Por lo tanto, según Ferreyra es necesario “garantizar a las mujeres en situación de violencia de género todos los derechos y garantías necesarios para poder estar protegidas, contenidas y acompañadas según la situación lo requiera, sin perder su espacio, estabilidad y seguridad en el trabajo”.
La licencia implicaría hasta 90 días con posibilidad de prórroga si fuese necesario. La justificación de llegadas tarde. Y se realiza con goce de haberes. El empleador deberá respetar el derecho a la intimidad de la mujer víctima y proporcionar el cambio de domicilio si fuese necesario para resguardar la seguridad de la trabajadora.
