Tras la aparición de Nayla, se refuerza la organización de la comunidad educativa del Bajo Flores

La aparición con vida de Layla, la adolescente que estuvo secuestrada durante casi dos semanas en el Bajo Flores y que fue encontrada gracias a la intensa campaña de denuncia que realizaron su familia y sus docentes puso de relieve una situación gravísima que se vive en el sur de la Ciudad.

Allí, más precisamente en la villa 1.11.14 del Bajo Flores, un grupo importante de chicas de entre 10 y 15 años fueron acosadas a través de las redes sociales y luego abusadas.

“Un contacto de su Facebook les mandaba solicitud de amistad para luego seducirlas. Luego comenzaban las amenazas. Les pedían que le enviaran fotos de ellas desnudas o teniendo relaciones sexuales, si no lo hacían, algo les sucedería a ellas o a sus familias. Las amenazas eran reales: estaban acompañadas de fotos de las puertas de sus casas, de datos sobre el trabajo de sus padres o sobre sus compañeros de escuela” describen los docentes de la Red.

En estos casos, y ante la culpa por haber aceptado la solicitud de amistad, era muy difícil que las jóvenes conversaran de esto con alguien. Por suerte, esas personas de confianza a las que pudieron abrirle la situación fueron sus maestros.

“Sabemos – aseguran los docentes en un comunicado- que ante una amenaza o ataque, las nenas buscan un espacio de confianza para contar sus miedos. Así sucedió cuando hace ya casi dos meses una adolescente del barrio estalló en su casa ante los retos de su madre por la baja en el rendimiento escolar… “¡Tu me retas porque no sabes lo que me está pasando!” “¡No tienes idea de lo que estoy viviendo!”. Ese estallido, esa fuga de furia, fue la grieta que rompió el muro de silencio que las propias víctimas deciden construir creyendo que así se protegen a ellas mismas y a sus familias”.

En esa búsqueda de ayuda y respuestas, se fue conformando la Red de padres y docentes, que se fueron organizando para encontrar soluciones a un problema tan grave. “Lo primero que hicimos -cuentan los docentes- fue conocer las diferentes instituciones para ver donde era mejor hacer la denuncia: Brigada niñas, Ufisex, Protex, cámara penal”.

También conocieron que las instituciones a las que se debería acudir, están involucradas o son cómplices de los delitos. “En este tiempo aprendimos, por ejemplo, que si desde el barrio se hace la denuncia en la comisaría 34, y si la familia soporta el manoseo y el maltrato que allí le darán y logra que le tomen declaración, la causa pasará indefectiblemente al juzgado de instrucción de Nueva Pompeya y parque patricios, cuyo fiscal, Adrián Giménez tiene un historial nefasto de causas sobre abusos a menores, gatillo fácil, desaparecidas, y asesinatos”, denuncian.

Por ello, ahora exigen que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto y que no sólo habilite jornadas pedagógicas ara trabajar este tema sino que también garantice un medio de transporte seguro para que las jóvenes se desplacen hasta la escuela.

También los reclamos caen sobre la justicia porteña a quien le exigen que unifique todas las causas que ya están en curso sobre este tema y que intervenga sobre el accionar de la fiscalía N° 3 y que pida la renuncia del fiscal Gimenez a quien acusan de haber “planchado” la causa de Layla.

 
A su vez, saben que como paso con Layla, la posibilidad de modificar y resolver esta situación, en última instancia está en sus manos. Por eso, por ejemplo, elaboraron materiales didácticos para trabajar este tema en el aula, que están a disposición de cualquier docente que lo necesite.

“El caso Layla debe ser un punto bisagra que no permita que ninguna de nuestras pibas esté sola – aseguran. Somos docentes comprometidos, queremos acompañar a las familias porque entendemos que la escuela y la comunidad deben luchar juntas. La zona sur siempre ha sido la más afectada para hacer carne las miserias de un sistema injusto. No queremos ser cómplices por omisión de este abandono”.