A pocos días del inicio del ciclo lectivo, el cierre repentino del instituto privado Formar Futuro, ubicado en Simbrón 5400, en el barrio de Villa Real, generó preocupación entre familias, docentes y estudiantes. La institución comunicó la decisión mediante un correo electrónico enviado a la comunidad educativa, dejando sin vacantes a más de 200 alumnos y sin empleo a unos 75 trabajadores.
Según denunciaron docentes y representantes sindicales, la noticia fue informada sin instancias previas de diálogo y los responsables de la institución interrumpieron posteriormente el contacto con las familias y el personal. Desde el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) señalaron que además existirían salarios y aportes previsionales pendientes de pago.
La situación también fue cuestionada por la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA), que calificó el cierre como irregular y advirtió sobre el impacto que tuvo en la comunidad educativa a pocos días del comienzo de las clases.
Ante este escenario, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó que trabaja para garantizar la continuidad escolar de los estudiantes afectados, acompañando a las familias en la búsqueda de vacantes en otros establecimientos educativos. Además, recordó que la institución recibía aportes estatales destinados al sostenimiento de parte de su planta docente.
El caso volvió a poner en discusión la situación económica que atraviesan numerosos establecimientos educativos privados, afectados por el aumento de costos operativos, las dificultades para actualizar cuotas y los cambios demográficos que impactan en la matrícula escolar.
Como consecuencia de este episodio, el Gobierno porteño avanzó con nuevas regulaciones para evitar cierres intempestivos. A través de la Resolución N.º 92, publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad, se estableció que cualquier decisión de cierre de una institución educativa privada deberá contar previamente con la evaluación y autorización de la Dirección General de Educación de Gestión Privada. La normativa también exige que las escuelas con aporte estatal acrediten el cumplimiento de sus obligaciones laborales antes de avanzar con una eventual cancelación de actividades.
Mientras continúan las gestiones para reubicar a los alumnos, el cierre de Formar Futuro se convirtió en uno de los casos más resonantes de los últimos años en el sistema educativo privado porteño
