La moneda norteamericana subió un 20% en el último mes y en un país donde las viviendas están cotizadas en dólares, repercutió fuerte en el mercado de alquileres.
«En nuestro local de atención a inquilinos somos testigos de un fenómeno invisible para la sociedad» asegura gervasio Muñoz, referente de inquilinos agrupados. «Los inquilinos ya no se acercan a consultar por arreglos, cortes de gas o devolución de depósitos; necesitan saber cómo rescindir su contrato, porque ya no lo pueden pagar. Son jóvenes que vuelven a la casa de sus padres, familias que se mudan a departamentos más chicos o más alejados, jubilados que se van a vivir a un hotel o a una pensión. En el mejor de los casos no tienen deudas y solo necesitan conocer los aspectos formales de una rescisión anticipada. Otros ya recibieron intimaciones de pago por carta documento y en el peor de los casos, ya les iniciaron el juicio de desalojo.»
El preocupante fenómeno es producto directo del aumento que tuvo el dólar en las últimas semanas y de la inflación que este año ya acumula casi un 10% en la Ciudad. Pero sobre todo, de la desregulación del mercado inmobiliario, que define sus aumentos por fuera de todo indicador. «El precio de los alquileres viene aumentando por encima de los índices de inflación y de variación salarial», advierte Muñoz. «En 2017 los alquileres aumentaron un 33%, 8 puntos porcentuales por encima del 24,8% de inflación».
Para Inquilinos Agrupados, esta situación podría comenzar a revertirse en solo dos semanas. La llave esta en el Congreso Nacional. Lo que se necesita es voluntad política de los diputados nacionales para que aprueben la Ley Nacional de Alquileres, que ya tiene media sanción por unanimidad del Senado desde noviembre de 2016. El proyecto propone que el precio de los alquileres aumente de forma anual y no semestral -como sucede actualmente- a través de un índice promedio entre inflación y variación salarial. «Hace un año y medio que los inquilinos estamos esperando que la Comisión de Legislación General de Diputados, a cargo de Lipovetzky, le de tratamiento. Solo necesitamos un dictamen favorable de comisión y que se discuta en el reciento. Seguir dilatando este proyecto implica darle la espalda a 8 millones de argentinos», concluye Muñoz.
