Los Centros fueron creados en 2009 para resolver la demanda de vacantes en el nivel inicial y funcionan como un espacio de asistencia alimentaria y estimulación temprana para chicos de entre 45 días y 4 años. Sin embargo, su número es insuficiente – en nuestra Comuna 10 existe sólo un establecimiento, La Legión de la buena voluntad- y los pedagogos critican que únicamente cumple tareas de contención. Piden reforzar los contenidos educativos y la supervisión edilicia.
La diputada por SUMA+ Natalia Fidel presentó un proyecto en la Legislatura Porteña para regular el funcionamiento y establecer presupuestos mínimos para la supervisión institucional y pedagógica de los Centros de Primera Infancia, con el fin de garantizar el derecho a una educación inicial de calidad, sin discriminación ni exclusión.
En la actualidad, la Ciudad de Buenos Aires cuenta con 64 Centros de Primera Infancia (CPI) a los que concurren diariamente, según datos del gobierno porteño, más de 8.800 niños de entre 45 días y 4 años de edad en una jornada completa de ocho horas. El objetivo de los CPI es brindar “contención, asistencia alimentaria y nutricional, seguimiento y cuidado de la salud y estimulación a niños y niñas en situación de vulnerabilidad social”.
Sin embargo, desde su creación, en 2009, distintos especialistas, legisladores y educadores han criticado que los CPI, a diferencia de los jardines de infantes, funcionan más como un lugar de contención de los niños que como un lugar educativo.
Aducen para ello que los Centros dependen del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat y no de Educación, y que los adultos que están a cargo de los niños no están obligados a poseer titulo de docente habilitante. De hecho en la propia web del gobierno porteño se asegura que “en los CPI trabajan 1300 personas encargadas de garantizar el crecimiento y desarrollo saludable de los chicos que asisten; así la ayuda es doble, ya que la Ciudad le da una mano a más de 4.000 padres y madres a través del cuidado de sus hijos mientras ellos trabajan o estudian”, sin aclarar si legalmente son docentes o no. Esto es posible ya que los CPI son un proyecto de gestión compartida público-privada, donde el Gobierno de la Ciudad asume las responsabilidades de proporcionar los recursos necesarios para la ejecución del proyecto y supervisar las actividades desempeñadas en cada CPI y cada organización social, por su parte, se hace cargo de la implementación.
También se critica la escasez de Centros, en la Comuna 10 tan sólo existe un solo CPI, ubicado en Floresta, La Legión de la Buena Voluntad, ubicado en la calle Bogotá 3940, en un contexto donde el año pasado el propio gobierno porteño admitió que más de 10 mil niños de entre 45 días y 3 años no obtuvieron vacantes en el nivel inicial.
Por ello, el proyecto de Ley presentado busca que los CPI fortalezcan sus contenidos pedagógicos y se ajusten a los criterios pedagógicos prefijados por los Diseños Curriculares para el Nivel Inicial del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y que estén sometidos a la supervisión de dicho Ministerio.
Según el proyecto, la intención es “eliminar el doble estándar que rige a las instituciones dedicadas a las primera infancia. Algunas pocas instituciones realizan una verdadera labor educativa mientras que otras realizan una tarea exclusivamente asistencial. Que la mayoría de las instituciones a las que acuden los niños de los sectores más vulnerables en la Ciudad de Buenos Aires sean asistenciales y no educativas se vuelve un hecho discriminatorio que entra en contradicción con lo establecido por la Constitución de la Ciudad, las leyes y tratados internacionales vigentes”.
A su vez, el proyecto busca ampliar la oferta de Centros, y resalta lo dispuesto en la Constitución de la Ciudad donde se afirma que “la Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los cuarenta y cinco días de vida hasta el nivel superior”.
La propuesta también busca un mayor control institucional de los CPI, particularmente de la parte edilicia. Tomando un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, donde se señalan graves irregularidades en el funcionamiento, deficiencias edilicias y ausencia de información accesible para ser auditados correctamente, el proyecto contempla que medidas para establecer una regulación sobre el funcionamiento y establecer presupuestos de calidad para la organización edilicia de los Centros, a fin de cumplir las normativas internacionales, nacionales y locales.
