Mientras la Legislatura avanza en la creación de la Agencia de Bienes S.E, una inmobiliaria de tierras del Estado con capacidad para vender todos los terrenos y edificios de la Ciudad ubicados al norte de la Av. San Juan, organizaciones barriales y ambientales solicitaron judicialmente la suspensión de la Audiencia pública por falta de la información mínima y necesaria que permita ejercer el derecho a participar adecuadamente.
El 3 de diciembre de 2015, la Legislatura porteña votó en primera lectura la creación de una sociedad estatal, llamada «AGENCIA DE BIENES» en total hermetismo y a espaldas de la ciudadanía. Será una inmobiliaria de tierras del Estado con capacidad para vender todos los terrenos y edificios de la Ciudad ubicados al norte de la Av. San Juan.
Esta Agencia viene a sumarse a las ya existentes Corporación Puerto Madero y Corporación Buenos Aires Sur a través de las cuales se ha vendido sin control tierras públicas del sur de la Ciudad. A esto se suma, que en los últimos años en forma sistemática el GCBA impulsa la venta de tierras públicas para negocios inmobiliarios de unos pocos. Actualmente se avanza con la venta de los predios del Tiro Federal, de Casa Amarilla, del Dorrego, del Centro Cultural Recoleta, y concesiones como la del Centro de Exposiciones, de terrenos en la Costanera Norte para explotaciones comerciales, el subsuelo de la Plaza Houssay y otros inmuebles y terrenos.
Luego de la aprobación en primera lectura del proyecto de ley N° 2485-J-2015 que tiene por objeto crear la Agencia de Bienes S.E. y la autoriza a vender los inmuebles que el Poder Ejecutivo le transfiera, la Legislatura de la Ciudad convocó a Audiencia Pública para el día 29 de marzo de 2016 para que la ciudadanía valore y opine respecto al proyecto. Esto como instancia participativa obligatoria previa al tratamiento en segunda lectura del proyecto, lo que implicaría su sanción definitiva.
Organizaciones que integran la Campaña «Buenos Aires NO se Vende» como la Asociación Vecinos de Belgrano, Observatorio del Derecho a la Ciudad, Basta de Demoler y la Asociación por la Justicia Ambiental, presentaron una ACCIÓN DE AMPARO y una CAUTELAR solicitando a la justicia que SUSPENDA la realización de la AUDIENCIA PÚBLICA por falta de información mínima necesaria para ejercer del derecho a participar informadamente.
La causa quedó radicada en el Juzgado en lo Contencioso-Administrativo y Tributario N° 12 a cargo de la Jueza María Soledad Larrea y tramita bajo los autos caratulados «ASOCIACION CIVIL VECINOS DE BELGRANO Y OTROS c/ LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES s/ AMPARO», Expte. N° A921-2016/0.
Las organizaciones denunciaron que en el expediente por el cual tramita parlamentariamente este proyecto de ley no existe ningún tipo de información más allá del texto del proyecto. La Legislatura no aportó ninguna información que permita analizar la verdadera envergadura, los alcances e implicancias de este proyecto por parte de la ciudadanía. La Legislatura autoriza a transferir un número indeterminado de inmuebles a la Agencia de Bienes que implicará su posible venta pero en el expediente ni siquiera se encuentra acompañado el listado actual de inmuebles de dominio privado que pertenecen a la Ciudad.
Por otra parte, se autoriza la venta de los predios en los cuales se encuentran El Dorrego y el Tiro Federal (alrededor de 18 hectáreas) para llevar adelante el Centro Metropolitano Audiovisual y un Parque de la Innovación. Tampoco se acompañaron informes técnicos sociales, ambientales ni económicos que fundamenten estas políticas. No se ha presentado ningún estudio de impacto ambiental o el análisis de distintas alternativas de uso o destino para dichos predios, ni fundamentos de planificación y economía urbana. No existen consideraciones sobre la densificación poblacional y edilicia en dichas zonas.
Cabe destacar que alrededor de estos predios la zonificación es residencial de densidad baja. La falta absoluta de información muestra la arbitrariedad, el secretismo y los intereses con los cuales se adoptaron estas decisiones urbanísticas.
Para la ex legisladora María José Lubertino, «esto desvirtúa completamente nuestro derecho a participar en la Audiencia Pública y la sustancia de la Democracia Participativa. Sin esta mínima información nuestra participación será desinformada. Esto va de la mano con el tratamiento que el GCBA da a éstas audiencias considerándolas como una etapa meramente formal tornando este ámbito de participación ciudadana en una parodia».
