El proyecto de ley tiene como objetivo facilitar el alquiler para vivienda en la Ciudad, como parte de la política habitacional integral, que incluye beneficios a los inquilinos, otorgados por el Estado, tales como una garantía gratuita, mediante un inmueble del Gobierno de la Ciudad , y un subsidio al alquiler para vivienda, de carácter parcial y transitorio.
El subsidio es abonado en forma directa por el GCABA al propietario de la vivienda alquilada. Se otorga por un plazo de dos años, prorrogable por igual período y su monto puede variar según la situación social del inquilino, que será evaluada en forma semestral.Quedan excluidos los propietarios de vivienda en la Ciudad y las familias o personas beneficiarias de planes de vivienda del gobierno nacional o del GCABA en la Ciudad.
En la Ciudad de Buenos Aires hay, actualmente, más de 500 mil personas con problemas de vivienda, es decir unas 100 mil familias o uno de cada seis porteños.A su vez, existen unas 340 mil propiedades vacías. Restando las oficinas, eso significa que -en promedio- de cada cinco viviendas porteñas una está ociosa.
“En el marco de una política pública integral que debe incluir la construcción de vivienda social, el acceso a la vivienda propia y la urgente urbanización de las villas de emergencia, el actual déficit habitacional requiere un mecanismo orientado a facilitar el alquiler de inmuebles para uso residencial”, manifestó Alejandro Bodart, quien presentó el proyecto.
Un 30% de los habitantes de la Ciudad son inquilinos. “Para que el mecanismo sea efectivo, debe incidir de manera concreta sobre ambos polos de la contradicción: ayudar a los inquilinos en dificultades y al mismo tiempo promover el vuelco de viviendas ociosas a la oferta de alquileres”, expresó el legislador.
Según el legislador, su propuesta abarca los dos aspectos imprescindibles. “En cuanto a la ayuda a los inquilinos, integramos dos herramientas precisas: el subsidio al alquiler y la garantía gratuita. Ésta última proviene de alguno de los más de 6.000 inmuebles que son propiedad de la Ciudad”, argumentó.
En cuanto a la oferta de alquileres, el proyecto busca potenciarla volcando a alquilar las viviendas de Estado a precios módicos, y gravando más aquella vivienda ociosa. “El Estado daría así el ejemplo, poniendo a alquiler sus propiedades, lo que reafirma su autoridad para presionar al sector privado”, afirmó el funcionario.
¿Por qué mayor presión fiscal? Porque en CABA la población no aumentó sino que disminuyó, pero el ritmo constructivo sigue creciendo pese a que «la venta de inmuebles en Capital Federal es la más baja en al menos 30 años».Esta cementación indiscriminada reduce el presupuesto público para Vivienda, empuja hacia arriba los precios de las propiedades y de los alquileres. Pero si ante una demanda de alquileres sostenida sube la cantidad de viviendas ociosas eso significa que “la construcción, más que a obtener renta, está destinada a especulación inmobiliaria”
En este sentido, los beneficiarios por la ley serían familias o personas cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos vitales y móviles; con desalojos judiciales, en proceso o con sentencia firme, de viviendas radicadas en la Ciudad; solicitantes de créditos para vivienda (Mi Casa, Primera Casa y Ley 341), hasta tanto accedan a una vivienda definitiva, y beneficiarios de alguno de los subsidios habitacionales que otorga el GCABA.
