La intención es sentarse a negociar el valor de los alquileres con el gobierno y con representantes del mercado inmobiliario. La iniciativa es impulsada por Inquilinos Agrupados, quienes ya consiguieron que las inmobiliarias dejen de cobrarle a quien arrienda dos meses de comisión.
Son seis millones y medio en todo el país. Y casi un millón en la Ciudad. Pero, pese a su peso numérico, los inquilinos son uno de los sectores más desprotegidos en materia legal. Indexaciones irregulares cada seis meses, cobro de comisiones ilegales por parte de las inmobiliarias y absorción de tasas que corresponden por ley al propietario son algunos de los abusos que sufren quienes alquilan.
En este contexto, desde hace dos años los inquilinos de la Ciudad empezaron a organizarse para revertir esta situación. Y vino Inquilinos Agrupados. Y comenzaron las denuncias, los festivales para exigir ser escuchados, y también algunos triunfos. El más difundido: obligar a las inmobiliarias a cumplir la ley, es decir, a cobrar como máximo un mes de comisión a los inquilinos. La conquista no es nada menor: el cobro de esta exagerada comisión inmobiliaria representa más de 1500 millones de pesos anuales que los inquilinos trasladan al mercado inmobiliario.
Sin embargo, la lucha es larga y es mucha, como dice el tango, y tiene sus reveses. Así, las inmobiliarias suelen cumplir el fallo pero inventan algunas artimañas para seguir recaudando, como cobrar por certificación de firmas o pedido de informes 6 mil pesos, cuando salen 210.
“Tenemos que ser muy conscientes que la pelea que damos va a llevar mucho tiempo, porque es un sector que tiene mucho poder, que maneja millones de pesos y que va a ser muy difícil doblegar” asegura Gervasio Muñoz, representante de Inquilinos Agrupados. De ahí que pueda rescatar triunfos menos palpables pero más profundos. “Logramos que los inquilinos de la Ciudad ya no se callen a la hora de alquilar: sepan cuáles son sus derechos, los peleen, los reclamen. Más allá de los resultados, porque eso depende de la correlación de fuerzas” destaca Muñoz.
Y esa correlación, desde hace años, es claramente desfavorable para aquellos que deben arrendar una vivienda. “El gran tema de los inquilinos -asegura el titular de IA- es el incumplimiento de las leyes. Está el Código Civil, pero no se cumple”. Y ejemplifica con el servicio de agua corriente, cuyo pago debería correr a cargo del propietario debido a que, al igual que el servicio inmobiliario, es una tasa, ya que no tiene que ver con el consumo sino con los metros cuadrados de la propiedad. La realidad, lamentablemente, corre por un carril distinto al de las normativas. “Hay todo un sistema donde el mercado ha logrado estar por encima de la ley y de los gobiernos. En la Ciudad hay una sociedad enorme entre el mercado y el gobierno” denuncia Muñoz.
El caso de Andrés «Andy» Freire, flamante Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología y titular del Ente de Turismo de la Ciudad, es representativo. Ex integrante del directorio de IRSA hasta antes de asumir en su cargo, bajo su órbita se encuentra la Agencia de Bienes y la Dirección de Concesiones, que le habilitó justamente a IRSA la explotación del Buenos Aires Design por un irrisorio canon de 46 mil pesos.
Pero Inquilinos Agrupados no se intimida y va por más. “Nos pusimos un objetivo muy grande: crear del sindicato de inquilinos”, adelante Muñoz. “En una propiedad horizontal todos están organizados, todos tienen sus cámaras; los propietarios, las inmobiliarias, las administraciones de consorcios, y los encargados, que tienen su sindicato. Al único que falta organizarse es a los inquilinos. Y el sindicato es la única forma que seamos protagonistas de las decisiones que se toman con respecto a la Ciudad y como tenemos derecho a vivir en ella. El mercado no se sienta con nadie a decidir cuánto van a aumentar los alquileres, ni con el gobierno. El sindicato expresa la aparición de un sector que va a obligar a que el mercado y el gobierno se sienten con los inquilinos a negociar los valores de los alquileres para el próximo año”.
