La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires expresó su preocupación por el fallecimiento de Lucas Simone como consecuencia de un incendio en el Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado Manuel Rocca y manifestó su preocupación por las carencias de la institución.
El centro recibe a varones entre 16 y 18 años, en conflicto con la ley penal cuya punibilidad es relativa. La misma depende de la gravedad de la infracción cometida, en algunos casos no son punibles y no pueden cumplir sentencia. En otros, cuando el hecho acontecido es generador de alarma social, se aplican medidas de seguridad y se lo priva de la libertad o se le otorga el beneficio de libertad asistida al aguardo de la sentencia que se dicta al cumplimiento de la mayoría de edad.
Trabajadores de estos establecimientos, referentes sociales defensores de los derechos humanos y adolescentes que pasaron por los centros realizaron reiteradas denuncias que dejan de manifiesto las malas condiciones edilicias y de alojamiento, a las que se suman irregularidades en los mecanismos de seguridad.
Además, según las acusaciones, las autoridades de la SENNAF dejan a cargo de los 50 jóvenes a un personal escaso y sin suficiente entrenamiento. “La negligencia tuvo una consecuencia fatal hace menos de un año, cuando un joven detenido en el Centro Agote falleció producto de un incendio”, resaltó Hernán Rossi, legislador por ECO y encargado del proyecto de declaración.
“Lejos de esclarecer el hecho y solucionar las deficiencias de los centros de régimen cerrado, el pasado 30 de Julio hubo que lamentar un nuevo hecho trágico”, manifestó Rossi. Nuevamente un incendio, el segundo en una semana,tuvo como resultado la internación de cuatro jóvenes. Uno de ellos, Lucas Simone, quien falleció horas después.
El incidente dejó al descubierto la precariedad del Instituto de Menores, donde no había matafuegos, ni luz de emergencia, ni un generador de energía. Tampoco un médico. Los colchones eran de goma espuma y no ignífugos, como se recomienda en lugares de encierro -necesidades que ya habían sido advertidas a las autoridades-.
«Si hubiéramos podido ingresar hubiésemos hecho una auditoría y detectado el faltante de los matafuegos o de las luces de emergencia, entre tantas otras cosas», expresó a Clarín Ariel Cejas Meliare, Director general de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Sin embargo, la Procuración, un organismo estatal, tiene las puertas cerradas de la SENNAF, que no sólo impide el ingreso de la PPN a monitorear los institutos, sino que además no brinda información en boletines o páginas web respecto al estado de sus establecimientos y la situación de los chico.
En este sentido, el comunicado acusa a las autoridades por el hacinamiento, la precariedad de las condiciones de salud, los tratos crueles o degradantes que sufren los residentes del centro, y agrega que “no deben ser tolerados ya que vulneran el derecho a la dignidad humana y violenta los derechos humanos”.
Asimismo, destaca que numerosas normas nacionales y tratados internacionales con jerarquía Constitucional establecen las condiciones de detención, mientras que exigen que se arbitren los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de los derechos de estos adolescentes, dado que afirma: “Estas muertes son responsabilidad del Estado”.
