El Gobierno de la Ciudad avanza junto a sus pares de Nación y Provincia para el traspaso de la distribución eléctrica y ya acordó con las empresas concesionarias Edesur y Edenor. Sin embargo, quedan dudas sobre el organismo de control del servicio eléctrico, sobre la tarifa social y sobre la deuda negociada con las empresas.
A semanas que la Legislatura debata sobre el acta acuerdo del traspaso de la distribución eléctrica a la órbita de la Ciudad, al legisladora Paula Penacca solicitó al ejecutivo que se informe previamente los detalles e implicancias del mismo.
En ese sentido, la legisladora manifiesta su preocupación por distintos puntos, entre ellos, el funcionamiento del organismo de control. «Nos preocupa que nuevamente se hace caso omiso a la Constitución de la Ciudad en relación a las tareas que le son propias al Ente Único Regulador de los Servicios Públicos», asegura.
Por otra parte, se hace referencia en que, a diferencia de otros traspasos, en este caso no se asegura que la Ciudad reciba los elementos necesarios para cumplir con la función, tanto en términos edilicios y la memoria institucional que permita la continuidad del control. «Más grave aún es que no está asegurado el traspaso los recursos humanos del ENRE, necesarios por su formación y experiencia para el continuidad del control. Ambos puntos deben ser traspasados con sus respectivos recursos como lo marca la el artículo 75 de la Constitución Nacional».
El pedido también hace referencia a la Tarifa Social, que desde comienzos de año quedó en manos de la Ciudad, ya que si bien continua para los que era beneficiarios, hoy no hay lugar donde gestionar altas, bajas y modificaciones.
Por último, la legisladora solicita saber cuál es el estado de los servicios traspasados y si el traspaso incluye que las multas a las empresas por los cortes de suministros que tendrían que haber sido destinadas para reembolsos a los usuarios se la quedaran las empresas para inversiones futuras. «Así como cuando se recibió el subte, la Ciudad tendría que tener en claro que recibe para poder hacer una línea de corte y exigir el cumplimiento del contrato e incluso diferenciar sus responsabilidades y las de Nación».
