Siete de cada diez escuelas privadas de la Ciudad de Buenos Aires están subsidiadas y el número va en aumento. El monto destinado a financiarlas representa más de 1200 millones de pesos por mes, presupuesto similar al adjudicado a Infraestructura escolar para todo 2021. Muchos colegios beneficiados cobran cuotas mensuales que van de los 15 a los 30 mil pesos. Un informe de la Auditoría advierte sobre los criterios poco transparentes que maneja la Dirección de Gestión privada y exige una ley que traiga claridad en las decisiones
Escriben: Alejandro Volkind, Jonatan Baldiviezo y María Eva Koutsovitis (*)
Pese a que futbolísticamente no fue un gran año, en 2020 River tuvo motivos para festejar. “Desde la pandemia, el Millonario percibió ganancias que superan los 30 millones de dólares”, asegura una nota de TyC Sports. La fortuna del Club de Nuñez, sin embargo, parece haber quedado sólo en el estadio. Ni siquiera derramó al sector donde funciona el Instituto River Plate, colegio que incluye desde el nivel inicial al terciario. Allí, el conocimiento abunda pero el dinero escasea. Tanto, que la escuela recurre al Estado para que la ayude a cubrir el 60% del sueldo y los aportes de sus empleados/docentes. Solo en 2020, el gobierno de la Ciudad le transfirió al colegio de Nuñez más de 4 millones de pesos por mes, pese a que el instituto cobra una cuota mensual de 20 mil pesos.
Su caso no es una excepción: según datos oficiales en la Ciudad de Buenos Aires 7 de cada 10 escuelas privadas se mantienen de la misma forma. La mitad de ellas, con aportes estatales que van del 75% al 100%.
Así, los subsidios crecen y, cual pac man, degluten porciones cada vez mayores del presupuesto educativo. En 2021, el monto destinado a la educación privada en la Ciudad llega hasta los 18 mil millones de pesos, quince veces más que lo destinado a infraestructura escolar.
Imagen. La Escuela Modelo D.F Sarmiento, ubicada en Rivadavia 9441, tiene un subsidio estatal del 70% -por el cual recibió en marzo de este año poco más de tres millones de pesos, y cobra una cuota que oscila entre los $9000 y los $18.000 por mes.
Breve historia del financiamiento a la educación privada
Las ayudas estatales a la educación privada comenzaron a darse, por ley nacional, en 1947, por iniciativa del primer gobierno de Juan Domingo Perón. La idea era subsidiar a los colegios que se instalaran o estén instalados en zonas en las que el Estado no garantizaba las vacantes necesarias. Pero fue Frondizi, con el Decreto PEN N°9247 de agosto de 1960, quien consolidó esta práctica, cuyo principal beneficiario fue y sigue siendo la Iglesia católica.
En los ´90, la regulación y el financiamiento de la educación privada se descentralizó y empezó a correr por cuenta de las jurisdicciones. En CABA las escuelas privadas comenzaron a multiplicarse y los millonarios subsidios comenzaron a alimentar las cuentas de colegios con cuotas altas y de barrios de poder adquisitivo elevado.
Según datos oficiales, en 2015 el estado porteño subsidiaba a 789 establecimientos educativos privados y en 2020 el número aumentó a 1002, contando sólo los niveles obligatorios.
La Dirección General de Educación de Gestión Privada de la CABA (DGEGP) asegura que el principal criterio para definir a qué escuela otorgar aporte y decidir el porcentaje del mismo refiere a las características de la población atendida.
Al acceder a este beneficio para el pago de salarios y aportes –al que se suman otros como el pago del Fondo de financiamiento de Infraestructura de Escuelas Seguras o el Fondo Nacional de Incentivo Docente y material didáctico-, las escuelas privadas aceptan ciertas regulaciones estatales, como el tope máximo de cuota que pueden cobrar.
Sin embargo, recibir un subsidio del 100% no implica la gratuidad para las familias. De hecho, es la excepción. En el nivel secundario, los colegios que reciben subsidios y cobran cuota 0 se cuentan con los dedos de la mano, literalmente: son cuatro. El resto, oscila entre los 2 mil y los 30 mil pesos de arancel por mes.
Esto es posible debido a que, además de los aranceles programáticos –que sería el monto regulado por el Estado-, los institutos son autorizados a cobrar a las familias aranceles extraprogramáticos, cuotas de mantenimiento y equipamiento, material didáctico y otros servicios como transporte, servicio médico y seguridad.
Esto permite que un colegio como la Escuela Modelo D.F Sarmiento, ubicada en Rivadavia 9441 (Comuna 10) tenga un subsidio estatal del 70% -por el cual recibió en marzo de este año poco más de tres millones de pesos, y cobre una cuota que oscile entre los nueve mil y los dieciocho mil pesos por mes, según el nivel y el tipo de jornada.
O como la ECEA (Escuela Cristiana Evangélica Argentina), ubicada en Irigoyen 2150, cuya cuota para el nivel secundario varía entre los $13.000 y los $20.000 por mes, quien recibió de subsidio estatal, sólo en marzo de este año, de más de 8.700.000 pesos
La lista es larga e incluye a otras escuelas de la Comuna 10, como el Instituto Argentino Hebreo Marc Chagall, el Instituto Formar Futuro y el Granaderos.
La irrazonabilidad de esta política pareciera tener un reconocimiento implícito de los propios colegios, quienes suelen ocultar en sus páginas web el beneficio estatal que reciben.
Imagen. Subsidios que recibieron las escuelas secundarias privadas de la Comuna 10 en Marzo de 2021.
Subsidios a la carta
Esta discrecionalidad en el reparto de subsidios motivó a un informe de la Auditoria de la Ciudad de Buenos Aires, donde advierte sobre el escaso o nulo control sobre el destino de esos millonarios fondos. “Se verifica ausencia de control oportuno y eficaz por parte de la DGEGP sobre las rendiciones mensuales de aplicación de fondos públicos efectuadas por los colegios privados”, asegura el informe, que analiza la Asistencia Financiera a la Educación de nivel Medio en el Periodo 2018.
Ese año, la mitad de los institutos secundarios analizados no fueron supervisados por el organismo Estatal, y los institutos que fueron supervisados, lo fueron por única vez, mientras que los aranceles tuvieron cuatro valores diferentes estipulados a lo largo del año. Tampoco se verificó que la cuota de mantenimiento, que también reciben como aporte estatal, haya sido debidamente utilizada.
La opacidad que reviste todo el sistema de subsidios quedó demostrada en que ni siquiera la propia Auditoría de la Ciudad pudo acceder al monto neto efectivo percibido en el año por cada establecimiento subvencionado, ni ejercer una comparación precisa entre las distintas fuentes de información financiera –SIGAF y SINIGEP- sobre montos aportados y rendidos anualmente.
Lo público, privado
A diferencia de lo que sucede con el Presupuesto Educativo, que en la última década perdió 10 puntos -pasó del 27,8% al 17,2%-, los montos destinados a solventar a las escuelas privadas crecen año tras año. Según información oficial, en 2015, representaba el 16,2% del gasto total del Ministerio de Educación y en 2020 llegó al 17,9%, y se utiliza hasta la última moneda. No sólo se ejecuta en un 100% sino que hasta se suele incrementar. En 2020, a los casi 14 mil millones de pesos presupuestados se le sumaron dos mil millones de pesos más que fueron íntegramente utilizados. ($2.082.897.534)
¿De dónde salieron esos 2000 millones de pesos extra? Nadie lo sabe con certeza, pero el monto es similar al recorte que sufrió el Área de Infraestructura escolar, que en 2020 suspendió la construcción de dos escuelas y sólo utilizó el 31% de los 3068 millones de pesos presupuestados inicialmente.
El trato preferencial que recibe la educación privada en la Ciudad quedó reflejado de manera explícita en enero de este año, cuando el gobierno porteño recortó 371 millones de pesos que estaban destinados al Plan Sarmiento –programa que provee de dispositivos tecnológicos a los estudiantes de escuelas estatales- para transferir ese dinero a la Dirección de Educación de Gestión Privada.
Imagen. Subsidios recibidos por colegios privados de la Comuna 10, correspondientes a Marzo 2021. Nivel primario.
La privatización de la Educación Pública
Financiar la educación privada no es la regla y, de hecho, no sucede así en buena parte del mundo. Sin viajar demasiado lejos, en Uruguay la iglesia tiene el monopolio de la educación privada pero no recibe ningún tipo de financiamientos estatal. En Finlandia, para tomar un ejemplo que suele ser afecto a la ministra Acuña, el Estado financia a los escasos colegios privados que existen, pero con la condición de que no lucren con la educación, es decir que tienen prohibido cobrar cuota. Su razón de existir está ligada a que dan respuesta a una necesidad donde el Estado no llega.
La realidad en la Ciudad de Buenos Aires, como se puede observar, es diametralmente opuesta y no existe una ley que regule los subsidios a privadas como lo exige la Constitución de la Ciudad que agrega que se debe “dar prioridad a las instituciones que reciban a los alumnos de menores recursos”.
Por ello, el financiamiento a los establecimientos educativos de gestión privada a través de fondos públicos en la CABA requiere una revisión en toda su dimensión y alcance.
Para empezar, se necesita un ordenamiento normativo, una ley emanada de la Legislatura que encuadre todas las decisiones que se toman cada ciclo lectivo y cada mes en los niveles Ministeriales y de Direcciones Generales para proceder al financiamiento de la educación privada y terminar con esta opacidad y discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos. Es la única forma de empezar a cumplir con los preceptos indicados.
El incremento del presupuesto destinado a estos subsidios es presupuesto que no se destina para incrementar la oferta de la educación pública. La falta de decenas de miles vacantes, la disminución de la inversión en infraestructura y el subsidio a la oferta de la educación privada son partes del plan para que vaya disminuyendo el peso de la gestión pública de la educación y se fortalezca y crezca el sector de la gestión privada. Es una Privatización y mercantilización indirecta de la educación pública.
(*) Esta nota, en una versión mas breve, salió también publicada en el portal El Cohete a la Luna.
