La línea telefónica del Ministerio de Educación, con número 0800-444-2400, contiene una opción para realizar denuncias por “intromisión política en las escuelas e inculcación ideológica”. Sin embargo, en los últimos tiempos y en un contexto de tomas de escuelas como reclamo ante las condiciones edilicias, el concepto de “implantación ideológica” despertó muchos interrogantes y quejas en la comunidad educativa.
La medida fue implementada por primera vez en agosto de 2012, por el ministro de Educación de la Ciudad Esteban Bullrich, pero en noviembre de ese año la Justicia porteña ordenó al gobierno de Mauricio Macri “abstenerse” de sancionar a alumnos y docentes por “hechos y conductas denunciadas anónimamente”. Pero, tres años después, la línea 0800 vuelve a ofrecer esta opción.
Las reacciones se deben a que la agrupación considera que “no existe manera de evitar la discusión de ideología en las escuelas, ya que la educación pública tiene la función de enseñar a pensar, que cada ser humano tiene sus propias creencias y que la formación de nuestros niños y niñas como ciudadanos incluye la posibilidad de que construyan la propia a partir del mundo que los rodea, con la libertad de debate político en todos los ámbitos de la vida”
El Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires (ODH) y la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), son algunos de los referentes del rechazo a la implementación de la línea, que consideran que este proceder viola el derecho a la libre expresión de las personas que participan en las escuelas.
Además, expresan que la disposición “desconoce que la tarea de los docentes es específicamente ideológica y se sostiene en la enseñanza de los derechos y la justicia” y que“incentiva la delación y enfrentamiento de los actores educativos”. Asimismo, denuncianla “persecución de corte dictatorial” del gobierno porteño contra los estudiantes.
UTE adelantó que anunciará medidas de acción para reclamar al Gobierno de la Ciudad la apertura del diálogo con el fin de destrabar el conflicto por la toma de escuelas.Por su parte, los referentes estudiantiles del reclamo también salieron a dar la cara para impedir que sea llevado a cabo sin consultar a los adolescentes y sus familias.
Pablo Ferreyra, legislador por el Frente Para la Victoria, presentó un proyecto de resolución en el que solicita información sobre qué considera el Ministerio de Educación por “inculcación ideológica”, cuántas denuncias recibe el Ministerio en este sentido, cuáles son los mecanismos de acción ante las mismas y qué sucede con las personas que son responsabilizadas, dónde quedan registrados sus datos.
En referencia al puesto de relevancia que ha vuelto a ocupar la política en la vida de los jóvenes del país, el legislador manifiesta: “Este pedido de informe también intenta conocer si la militancia, tanto de alumnos como de docentes que se encuentran participando actualmente de sus centros de estudiantes o sindicatos, es tomada por el Ministerio como «inculcación ideológica».
Ferreyra expone que “no sabemos de qué manera actúa el estado frente a estas denuncias y tampoco de qué manera de corrobora la veracidad de las mismas, ni cómo registra los datos de los denunciados y para qué utiliza esa lista”, y concluye: “Creemos que saber esto es fundamental porque de otra manera, la aplicación de esta línea pone en riesgo el valor de la democracia y la libre participación ciudadana”.
