La Jueza Andrea Danas dictó una medida precautelar ordenando la suspensión del tratamiento legislativo del nuevo Código Urbanístico y del nuevo Código de Edificación hasta que la Legislatura y el Poder Ejecutivo informen el estado parlamentario de los proyectos, sus antecedentes y si efectivamente se ha convocado a audiencia pública previo a su tratamiento legislativo.
La decisión de la jueza responde a la presentación realizada por la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), quienes cuestionaron la omisión tanto del Poder Ejecutivo como de la Legislatura de la ciudad en convocar y realizar la Audiencia Pública Obligatoria que dispone el art. 63 de la Constitución de la Ciudad.
Dicho artículo asegura que es obligatoria la convocatoria a audiencia pública “antes del tratamiento legislativo de proyectos de normas de edificación, planeamiento urbano, emplazamientos industriales o comerciales, o ante modificaciones de uso o dominio de bienes públicos”.
Una reforma resistida por los vecinos y las organizaciones ambientales
Desde que el Gobierno de la Ciudad informó su decisión de aprobar el Código Urbanístico y un nuevo Código de Edificación para la ciudad, asambleas y organizaciones sociales cuestionaron distintos aspectos de los mismos.
“El gobierno impulsa la modificación de este nuevo Código a pedido de los inversores y las grandes desarrolladoras inmobiliarias del país que tiene dos objetivos. Por un lado, lograr seguridad jurídica ya que en los últimos años la gran cantidad de permisos ilegales ha hecho que la justicia intervenga y ordene el freno y la demolición de grandes obras. Esto genera una incertidumbre a la empresas que no saben si sus obras van a ser cuestionadas o no ya que ha sido sistemático el tema de conseguir permisos, incluso pagando coimas, que exceden las normas del código de planeamiento. Lo que viene a legalizar estas ilegalidades es rediscutir la planificación de la ciudad y establecer un nuevo código que permita lo que no se permitía anteriormente”, aseguró a Nadie nos Invitó Jonatan Baldiviezo, abogado ambientalista y presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
“La segunda cuestión es que el mercado inmobiliario, además de seguridad jurídica necesita nuevos espacios donde expandir las fuerzas y la presión del mercado inmobiliario. Esos grandes espacios están relacionados con la zona sur donde se van a autorizar la construcción de grandes torres y en avenidas y los pórticos de la General Paz”.
Para Baldiviezo, como para el resto de las organizaciones que presentaron el amparo, estos nuevos Códigos no vienen a solucionar ninguno de los problemas que se han reclamado en los últimos años desde la ciudadanía. “No resuelve el problema de las inundaciones, no establece herramientas para evitar que sigan existiendo inmuebles ociosos en la ciudad, que la capitalización del esfuerzo público que genera incrementos en los valores del suelo y las viviendas no sea apropiada únicamente por los propietario sino que vuelva un porcentaje a la ciudadanía, es decir, no hay herramientas que contribuyan a una distribución igualitaria, no hay herramientas que eviten que el porcentaje de inquilinos aumente, que impidan que la concentración del suelo urbano quede en pocas manos. Todas estas problemáticas que se han reclamado en la ciudad en los últimos años, como también la protección patrimonial o el colapso de los servicios públicos, son como inexistentes en el nuevo código urbanístico que únicamente se ocupa de dar reglas claras al mercado inmobiliario y de otorgar sectores para que sigan profundizando sus negocios”.
A su vez, las organizaciones cuestionaron que el gobierno no había cumplido acabadamente con las instancias de participación obligatorias para proyectos de esta envergadura.
Sin embargo, el 4 de abril de este año el Jefe de Gobierno de la Ciudad remitió a la Legislatura el proyecto de ley N° 849-J-2018 que tiene por objeto aprobar el nuevo Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y el 19 de abril remitió el proyecto de ley N° 1058-J-2018 que tiene por objeto aprobar el Código de Edificación de la Ciudad
Ahora, la jueza Danas, con el fallo dictado esta semana, dio lugar a los cuestionamientos referidos a la participación vecinal. “La suspensión del procedimiento legislativo se presenta como una medida necesaria para preservar los mecanismos de participación ciudadana garantizados constitucionalmente, y compatibilizar los intereses en juego, hasta tanto el tribunal pueda evaluar la procedencia de la medida cautelar solicitada, con mayores elementos de juicio», aseguró la jueza en el fallo.
