Pese a que estar en vigencia hace más de un mes, Inquilinos Agrupados advirtió que el gobierno no controla que se cumpla normativa por la cual la comisión inmobiliaria debe ser abonada por el dueño de la propiedad y no por el inquilino.
“La ley para que la comisión la pague el dueño, aprobada el 24 de agosto y en vigencia desde el 19 de septiembre, no cuenta con ningún tipo de control del Gobierno porteño”, asegura la Organización Inquilinos Agrupados, quien participó activamente en la redacción de la normativa.
La Ley 5859, aprobada en la sesión legislativa del 24 de agosto de este año, le dio competencias al Instituto de la Vivienda de la Ciudad para llevar a cabo este control. Sin embargo, según los inquilinos, la única iniciativa que han tenido hasta el momento es abrir una sección en su página web para contestar (con algunos días de demora) las consultas legales que formulan los inquilinos.
“Estamos finalizando octubre y todavía no están los carteles pegados en las inmobiliarias, no hay una forma de que los inquilinos hagan las denuncias” aseguró Gervasio Muñoz, representante de IA, a Nadie Nos Invitó. “Recién hoy, después que hicimos público esto, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad -IVC, a través del 147, da un mail para que los inquilinos puedan escribir ahí pero de todos formas para hacer una denuncia hay que mandar un mail y esperar un turno e ir a ver a los abogados al IVC en Parque Lezama. Son todas herramientas muy poco ágiles”.
Estas deficiencias en el cumplimiento de la ley son rápidamente aprovechadas por una parte de las inmobiliarias que, desde el inicio, manifestaron una fuerte oposición a la aprobación de esta normativa. “Sabemos que un sector de las inmobiliarias sigue haciendo uso de su capacidad de extorción de los inquilinos y continúa cobrándoles comisiones, a pesar de que la ley lo prohíbe expresamente. Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad –que presentó el proyecto en la Legislatura porteña- no ha implementado ninguna medida para garantizar el cumplimiento de la ley”, critican desde AI.
A dos meses de aprobada la iniciativa, que fue recibida con mucho entusiasmo por los más de 900.000 inquilinos que tiene nuestra Ciudad, el panorama es bastante desolador. “Todavía, la realidad es que no sabemos si la ley se reglamentó o no, y vemos entonces con mucha desconfianza una práctica que tiene el gobierno en donde para desalojar o hacer grandes negocios inmobiliarios tiene rapidez y eficacia y cuando se trata de regular y de hacer cumplir leyes que no benefician al mercado inmobiliario sino a los inquilinos tardan meses”, advierte Muñoz.
