Presentan una ley de transparencia en compras y contrataciones de la Ciudad | Luego de la denuncia por la compra de barbijos con sobreprecios

Presentan una ley de transparencia en compras y contrataciones de la Ciudad | Luego de la denuncia por la compra de barbijos con sobreprecios

abril 17, 2020

La normativa propone una serie de medidas para promover un mejor control de los procedimientos de contratación a través de la publicación de información en el sistema de compras de la Ciudad y por otra parte, el establecimiento de un régimen de conflictos de intereses. “El contexto de emergencia incrementa la frecuencia de procedimientos de excepción. Dichos procedimientos conllevan una mayor discrecionalidad. Aparece como necesario, en consecuencia, fortalecer el control del accionar del Poder Ejecutivo para que la discrecionalidad no devenga en arbitrariedad”, asegura el legislador Facundo del Gaiso, autor de la iniciativa.

 

 

En la semana donde se conoció que el gobierno de la Ciudad compró 15 mil barbijos a 3 mil pesos, y otros seis millones de barbijos con un 100% de sobreprecio, el legislador de la Coalición Cívica Facundo del Gaiso presentó un proyecto para transparentar el sistema de compras y contrataciones.

 

“A partir de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 1 del 2020, ratificado recientemente por esta Legislatura, se declaró la emergencia sanitaria en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este tipo de emergencia representa un nuevo desafío para las instituciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que estamos afrontando una serie de excepciones a nuestro normal desarrollo institucional, a efectos de dar efectiva respuesta a la expansión de dicho virus en todo el país”, asegura Del Gaiso, quien hasta 2016 fue integrante de la Auditoría de la Ciudad.

 

“Uno de los planos en los que impacta la situación de emergencia es en las compras y contrataciones del Estado. En efecto, es frecuente observar en el contexto actual, la recurrencia a procedimientos de excepción para procurar los bienes y servicios que se requieren para atender a las necesidades públicas. Esos procedimientos -aceptables por nuestra legislación en la medida en que estén debidamente justificados- son un recurso para lidiar con las demandas imprevistas asociadas a la pandemia. Sin perjuicio de ello, la mayor discrecionalidad incita a esos procedimientos de excepción constituye una oportunidad para la arbitrariedad. Arbitrariedad que debe repudiarse en todo momento en un Estado de Derecho, y especialmente en un contexto como el actual, donde el abuso de dicho poder discrecional tiene su correlato en la salud y la vida de la población, y no puede calificarse de otra manera que no sea de miserable”.

 

 

Imagen. Facundo del Gaiso, legislador de la Ciudad

 

 

Por ello, la iniciativa propone una serie de medidas para promover un mejor control de los procedimientos de contratación. A saber: Ofertas presentadas, Evaluación de ofertas, Datos del proveedor: nombre, C.U.I.T., domicilio, Email, teléfono, código postal y Evaluación del cumplimiento.

 

A su vez, el proyecto de ley establece un régimen de conflictos de intereses. Por eso, asegura el proyecto, es imprescindible que los conflictos de intereses sean adecuadamente gestionados y transparentados. Con tal objeto es que el presente proyecto establece un régimen de conflicto de intereses para todo procedimiento de contratación pública o de otorgamiento de una licencia, permiso, autorización, habilitación o derecho real sobre un bien de dominio público o privado del Estado.

 

 

El proyecto de ley también contempla una serie de medidas tendientes a promover la competencia y el control de las contrataciones celebradas mientras dure la declaración de la presente emergencia pública. Dichas provisiones buscan dar una mejor publicidad de esas contrataciones en particular, haciéndolas más accesibles para el público en general. Asimismo, se establece la obligación en todos los casos por parte de las unidades requirentes de solicitar precios de referencia y de justificar diferencias significativas de esos precios, a los fines de establecer una buena práctica para adoptar decisiones informadas en tiempos de potenciales restricciones de demandas e incrementos de precios. Se incorporan asimismo mecanismos de denuncias seguras y rendición de cuentas para prevenir la corrupción.

 

 

“El contexto de emergencia incrementa la frecuencia de procedimientos de excepción. Dichos procedimientos conllevan una mayor discrecionalidad. Aparece como necesario, en consecuencia, fortalecer el control del accionar del Poder Ejecutivo para que la discrecionalidad no devenga en arbitrariedad”, asegura Del Gaiso en el proyecto.