Sin debate ni participación docente y sin pasar por la comisión de Educación, la legisladora del PRO, Victoria Morales Gorleri presentó un proyecto de Ley que pretende eliminar las elecciones de Junta de Clasificación.
A la ley «Abrevaya», aprobada en 2011 a pesar de la masiva resistencia docente, se suma ahora este nuevo proyecto que pretende eliminar de un plumazo toda la historia de conquistas de los derechos de los trabajadores de la educación en la garantía de concursos públicos y transparentes, eliminando todo resabio democrático.
En el proyecto, que pretenden aprobar el jueves 3 de diciembre (y del cual tomamos conocimiento en el día de hoy), se eliminan las elecciones de Juntas de Clasificación quitando a los trabajadores la posiblidad de elegir a sus representantes para la elaboración de los listados y concursos a través de la elección directa.
El enunciado actual de la ley Abrevaya establece que: «Las Juntas de Clasificación y Seguimiento de la Clasificación y Concursos Docentes estarán integradas por cinco (5) miembros de los cuales tres (3) serán elegidos por el voto directo, secreto y obligatorio del personal docente titular y dos (2) designados por el Ministro de Educación».
El proyecto de ley presentado por Gorleri pretende cambiarlo por «Las Juntas de Clasificación y Seguimiento de los Concursos Docentes estarán integradas por seis (6) miembros, de los cuales tres (3) serán elegidos por el Ministerio de Educación, dos (2)designados por la asociación sindical de mayor cantidad de afiliados, según padrón de docentes aportantes, en situación activa en la jurisdicción de la Junta en la que se encuentren desempeñando sus cargos docentes y 1 (uno) por la asociación sindical que esté en segundo orden en cantidad de afiliados según padrón de docentes aportantes , en situación activa en la jurisdicción de la Junta en la que se encuentren desempeñando sus cargos docentes».
Así, se elimina el derecho de los docentes a decidir quiénes deben velar por la transparencia de los concursos, limitando la participación a un puñado de sindicatos que lejos está de representar realmente a los trabajadores, mucho más cuando la afiliación a los sindicatos no representa ni a la mitad de la docencia y cuando la afiliación se realiza por diferentes motivos. Se elimina también el derecho de que quienes no forman parte de los sindicatos puedan presentar lista para las elecciones.
Esta presentación no podría avanzar sí no contara con un acuerdo con sectores sindicales a espaldas de los trabajadores. Las últimas elecciones de Junta realizadas (y todas las anteriores) muestran que no hay relación entre el número de afiliados de un sindicato y la cantidad de votos. Esto es así por un lado porque votan muchos docentes no afiliados y por otro porque al votar un miembro de Junta lo que decide el docente es quién va a defender mejor la democracia y transparencia en el armado de los concursos públicos, cuestión que puede no tener en cuenta al momento de afiliarse, donde influyen muchos otros motivos.
Este proyecto de ley perjudica al conjunto de la docencia y beneficia a un puñado de sindicatos que vienen teniendo una política de integración y acuerdos con el gobierno macrista, en detrimento de los intereses de la docencia y la educación pública (UTE, UDA, AMET, Camyp). Y distorsiona, además, lo que la docencia votó en las últimas elecciones de Juntas de 2011, donde la lista de Ademys fue la segunda más votada en toda la Ciudad (Junta de Disciplina), la más votada en Primaria Zona II y en Normales, y la segunda más votada en Primaria Zona I, Especial, Artística, Colegios y Liceos y CENS.
La puesta en práctica de la COREAP significó este año un sinfín de nuevos inconvenientes e irregularidades que profundizan una política de designación a dedo: desde el momento de la inscripción que se realizó con innumerables errores, pasando por la supresión del derecho a inscribirse en Normales, Técnica y Artística, los problemas con la validación, etc. Esto provocó que los listados, elaborados íntegramente por la COREAP y no por las Juntas de Clasificación tuvieran, literalmente, miles de errores: fue así que tanto en los listados de docentes titulares como en los listados de ingreso miles de docentes tuvieran que ira al CAD a reclamar pues no estaban en los listados o sus puntajes (tanto en cursos, carreras como en antigüedad) estaban mal.
