El gobierno de la Ciudad presentó un proyecto para modificar y actualizar el Código Urbanístico, la principal herramienta de planificación de la Ciudad. Sin embargo, en la elaboración de la propuesta no se habilitaron instancias genuinas de participación a los vecinos ni se tuvo en cuenta la mirada de los gobiernos comunales, tal como estipula la Constitución porteña, aseguran desde la Junta Comunal 10.
A comienzos de agosto, el jefe de gobierno Jorge Macri envió a la legislatura un proyecto para modificar y actualizar el Código Urbanístico.
Esta nueva propuesta de actualización de la normativa urbanística supuestamente se enmarca en la obligación de evaluar integralmente el funcionamiento del Código Urbanístico cada cuatro años, pero –denuncian- no se cumplió con los procedimientos de democracia participativa legalmente estipulados ni con la producción de información necesaria para el debate público.
“Desde el gobierno de la Ciudad no hubo ninguna información oficial e incumplieron las instancias de participación y las consultas a las comunas para la modificación del Código, tal como lo dice la Ley Orgánica de comunas”, aseguró la comunera Daniela Romero, quien impulsó una declaración que fue acompañada por la mayoría de la Junta Comunal 10.
De esta forma, en la sesión de agosto de la Junta Comunal 10, cinco de los siete integrantes votaron la siguiente declaración.
Romero aseguró que “lo que corresponde obviamente es que las Juntas Comunales así también como los Consejos Consultivos puedan participar de las modificaciones del Código Urbanístico porque así lo dice la ley 1777″.
«Porque son nuestras competencias concurrentes que nos habilitan a participar de cualquier cambio que haya en nuestros en nuestros barrios, y porque en todos los proyectos que tengan impacto ambiental comunal tenemos la obligación de participar, así que en ese sentido lo que yo les pedí es que nos expidamos sobre que las Juntas Comunales no fuimos convocadas para participar en la modificación del Código Urbanístico, donde lo único que hubo fue un zoom con un foro donde pueden ingresar solamente 300 personas de las 700 y ninguno de nosotros recibió ninguna notificación formal para participar de eso”, explicó la comunera.
Imagen. Daniela Romero
La des-democratización
Quien también se manifestó en rechazo a la falta de participación Ciudadana en el debata de modificación del Código urbanístico fue el abogado y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, quien aseguró que:
“Durante el debate de derogación del Código de Planeamiento y su reemplazo por el Código Urbanístico en el año 2018, ordenado por la Justicia, el GCBA convocó a instancias de participación ciudadana descentralizadas en todas las comunas y en cada una de las villas. Además de convocar a varias reuniones generales a través del Foro Permanente Participativo. Estas instancias fueron convocadas antes de remitir el proyecto de ley a la Legislatura.
En este caso, que es una evaluación integral del CUr, se debió repetir el mismo proceso democrático, pero no ocurrió. No se realizó ninguna reunión en las comunas, menos en las villas, que son claramente el sector que más sufre la planificación sujeta a los intereses de la especulación inmobiliaria. Se convocó en dos oportunidades al Foro Permanente Participativo sin dar a conocer el texto del proyecto en dichas reuniones. Cada persona que asistió al Foro tuvo dos minutos para hablar sobre un proyecto que no conocía y para opinar sobre un diagnóstico que no existía.
Esto constituye un retroceso grave que debería frenar todo debate en la Legislatura porteña. La discusión de la modificación del CUr es una cuestión ambiental y el derecho a la participación ciudadana también es parte de nuestros derechos políticos. En ambos casos, se aplica el principio de progresividad y no regresividad con jerarquía constitucional, que llanamente implica que el Estado una vez que reconoció derechos a la ciudadanía no puede dar marcha atrás. El tratamiento actual del CUr es una grave violación a nuestros derechos ambientales y políticos porque implica un retroceso democrático con relación a cómo se desarrolló el debate en el año 2018”.
