Cuando la firma quebró en 2014, acusada de emitir cheques sin fondo por 100 millones de pesos y por denuncias de trabajo esclavo, los empleados se organizaron y la pusieron nuevamente en funcionamiento bajo su control. Ahora, “el Juzgado Civil Nº 21, a cargo de Paula Andrea Castro, junto al grupo IRSA, el ex dueño Nelson Sánchez Anterino y la liga de rematadores quieren dejar a los trabajadores en la calle”, denuncian desde la Fundación La Alameda.
Los trabajadores de la cooperativa Soho corren el riesgo de quedarse sin trabajo nuevamente. Cuando en 2014 la justicia declaró la quiebra de la firma, acusada de librar cheques sin fondos por 100 millones de pesos y con una denuncia por trabajo esclavo presentada por la Fundación La Alameda, los trabajadores se organizaron y armaron una cooperativa para seguir produciendo, mientras aportaban pruebas en la causa contra la empresa.
Tras dos años de esfuerzo, actualmente la cooperativa está formada por 15 trabajadores, y en ese espacio de trabajo en Chacarita también funciona una cooperativa dedicada a la marroquinería y un Bachillerato Popular. En total, entonces, más de 40 familias dependen de la cooperativa.
“Además la fabrica funciona como depositaria judicial de maquinas incautadas que son reutilizadas socialmente, como las que se entregaran en pocos días al Hogar de Cristo del Padre Pepe, donde llevara a cabo una taller de capacitación de oficios, dentro del plan de recuperación de adictos que lleva adelante junto a los vecinos”, explica Conde.
Hoy, sin embargo, los trabajadores corren el riesgo de volver a perder su fuente de trabajo. Las causas parecen ser más políticas que económicas. “La quiebra de SOHO en manos de Sánchez Anterino además de haber sido una estafa de 200 millones de pesos, escondía un entramado de lavado de dinero, contrabando de autos, narco-prostíbulo y trabajo esclavo”, asegura Ezequiel Conde, uno de los trabajadores de la cooperativa y denunciante.
Para él, la novedad en la causa está directamente relacionada con la denuncia por lavado de dinero que realizaron, y que tiene como uno de los destinatarios a Guillermo Greppi, dueño de Propyme, financiera que fue allanada en diciembre de 2013 por el juez Federal Norberto Oyarbide quien luego suspendió el operativo por pedido de Carlos Liuzzi (Segundo de Carlos Zannini).
El mismo Oyarbide, que había fallado a favor de las marcas que utilizan trabajo esclavo como Soho, argumentando que la explotación que sufren los trabajadores textiles en su mayoría inmigrantes es por sus costumbres de trabajo.
“Es llamativo que luego de la última denuncia por lavado de dinero, que involucra al ex dueño y a Guillermo Greppi dueño de la financiera Propyme, quieran avanzar tan rápido con el remate y el desalojo de la fábrica, desconociendo medidas cautelares que hay sobre el mismo, no solo por esta última denuncia, sino por la impuesta por el Juzgado Comercial que lleva adelante la quiebra”, asegura La Alameda en un comunicado.
Ante las novedades judiciales, los trabajadores aseguraron que van a resistir el remate y mañana se presentarán en el Juzgado Civil Nº 21, a cargo de Paula Andrea Castro, para mostrar su disconformidad con la decisión.
