El Gobierno de la Ciudad sancionó la Resolución 1284/2026, que establece un nuevo “Marco general para la cultura del cuidado” y delega en las comunidades educativas la atención de determinados daños y tareas de mantenimiento. Desde la Escuela República del Perú, el presidente de la cooperadora, Pablo Ramírez, cuestionó la medida y advirtió sobre el impacto que tiene en instituciones que ya funcionan con presupuestos insuficientes: “Es muy difícil trabajar así”, señaló, y sostuvo que la resolución suma nuevas obligaciones a cooperadoras que ya deben afrontar gastos con recursos limitados y trabajo ad honorem.
Escribe: Leandro Manganelli
En los últimos días de agosto el Gobierno de la Ciudad sancionó la Resolución 1284/2026 que, bajo la premisa de “una educación con cultura del orden y respeto por las reglas”, según las palabras de Jorge Macri, delega responsabilidades por roturas a las comunidades educativas. Lo denuncia Pablo Ramírez, Presidente de la cooperadora de la Escuela República del Perú: “Es muy difícil trabajar así, sobre todo porque ellos nos dan una suma miserable de $19.000 por nene para todo el año; y fue depositado a fines de agosto, por lo que durante ocho meses tuvimos que afrontar los gastos con la feria del plato y eventos”.
La institución ubicada sobre Av. Gaona, entre Segurola y Sanabria, funciona como escuela primaria de jornada completa y, según Pablo, el decreto fue sancionado sin informar antes a los directivos ni a los asesores de cooperadora. Desde el GCBA hablan de que los “daños generados intencionalmente, que no requieran atención inmediata, serán abordados por la comunidad educativa del establecimiento escolar”, para referirse a “grafitis en bancos o paredes y rotura de mobiliario”. Esta resolución se da en un marco propagandístico en el que la Ciudad promueve “la ley y el orden”, y las consecuencias parecen ir más allá de un grafiti en un banco. “Habíamos comprado dos aires acondicionados y desde noviembre del año pasado empezaron las trabas: la empresa que tiene la licencia en nuestro colegio nos prometió la instalación y no lo hicieron; al mes de agosto nos vienen a decir que no hay dinero, que nosotros lo paguemos”, revela Pablo Ramírez.
Aparte de gastos de mantenimiento e inversiones excepcionales, resmas y productos de limpieza ocupan parte importante del presupuesto de las escuelas. Y el de las y los cooperadores es un trabajo ad honorem. “Ahora se rompió una tapa de gas en Juan B. Justo y el arreglo sale $300.000, que para nosotros es la recaudación de dos ferias del plato -explica Pablo-. Nada es fácil para el cooperador, y además suman que tengamos que hacer jornadas obligatorias de mejoras institucionales para pintar el colegio, cuando nosotros ya lo hacíamos porque nos daba vergüenza que en el receso de verano no pinten ni los pizarrones”.
Una de las justificaciones del GCBA para este “Marco general para la cultura del cuidado en establecimientos educativos” es un estudio de la Universidad de San Andrés que “identificó una relación directa entre el clima institucional y el cuidado de la infraestructura” y alega que “donde predomina el respeto mutuo aumentan las conductas de cuidado y disminuyen los daños”. Desde la República del Perú, en lo que puede ser una representación de la coyuntura de la educación pública en la ciudad, la hacen más simple: el presupuesto es irrisorio y la presión sobre las cooperadoras aumentó. “El otro día hubo una mínima explosion de una estufa que estaba tapada y no fue un problema mayor de milagro; el gas lo tendrian que limpiar todos los años antes de prender las estufas y no lo hacen nunca, y encima ahora tenemos que ir nosotros a pintar el colegio un fin de semana”, ejemplifica Pablo Ramírez. Y sintetiza un sentimiento que impera en la comunidad de la institución de la Comuna 10 -y el resto de las escuelas públicas de Capital Federal: “Es un abuso de nuestro tiempo y de nuestras ganas”.
