Tras la polémica desatada por la implementación del programa denominado Chau panera, en el que se quitó el pan del menú escolar, el colectivo Vacantes para tod@s en las escuelas públicas, integrado por madres, padres, docentes y organizaciones sociales de la Ciudad, elaboró un petitorio en el que se exige que la ministra de Educación brinde información sobre el cumplimiento de la ley de alimentación saludable en las escuelas públicas.
El programa denominado Chau panera, que comenzó a implementarse en las escuelas porteñas desde el 16 de abril, viene generando fuertes críticas de toda la comunidad educativa. Los primeros en alzar la voz fueron los asistentes de comedor, quienes criticaron lo inconsulto de la decisión y advirtieron que, tras la argumentación de la lucha contra la obesidad, el gobierno estaba reduciendo las porciones de cada menú.
“El gobierno dispone, sin ningún tipo de consulta ni argumentación abierta para lxs estudiantes, familiares ni docentes, la quita inmediata de algunos alimentos y el reemplazo de otros. El pliego invita sin más a aceptar el retiro del pan y la reducción de carbohidratos, tanto en el desayuno como en el almuerzo, para incorporar una mínima variedad de verduras y de frutas, cuya calidad venimos viendo empeorar año tras año. Sin embargo, la retórica de la “alimentación saludable” colisiona con la realidad de los comedores que ven porciones cada vez más pequeñas y de calidad deplorable. No es suficiente con quitar el pan o incorporar dos frutas más por semana, si no hay una revisión completa de todo el menú y del sistema de comedores escolares”
Nicolás, asistente de comedor de la escuela 20 DE 17, aseguró a Nadie nos Invitó, que el servicio que se da en los comedores es “malísimo” y apuntó contra las empresas concesionarias. “Ya de por sí el menú que esta establecido es insuficiente, no es una dieta balanceada y la cantidad de porciones las vienen recortando. A su vez, la calidad de la comida es muy mala, los concesionarios utilizan productos de las peores marcas que hay. Ellos son el verdadero problema que nosotros tenemos porque es un espacio de la escuela pública que se encuentra privatizado y se manejan en las sombras”.
En ese sentido, el equipo de abogados y abogadas de VACANTES PARA TOD@S EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS, colectivo que nuclea a padres, docentes y organizaciones sociales, elaboró un petitorio tras las últimas modificaciones implementados en los comedores y viandas escolares, a las que calificaron de alarmantes. La intención es exigirle a la Ministra de Educación de la Ciudad Soledad Acuña y al Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta explicaciones sobre estos cambios y una alimentación más saludable para los estudiantes.
El petitorio contiene un pedido de informes al ejecutivo de la Ciudad para que brinde información, entre otros puntos, sobre las licitaciones del servicio de comedores y sobre el control y las inspecciones que se realizan sobre las empresas concesionarias.
Actualmente, los comedores escolares funcionan concesionados a empresas privadas que se encargan casi por completo de los servicios de desayuno/merienda y almuerzo que, cuando las escuelas no cuentan con cocina, asume la modalidad de viandas, y se encuentran bajo la órbita del Programa “Asistencia Alimentaria y Acción Comunitaria” de la Dirección General de Servicios a las Escuelas del Ministerio de Educación, que para el 2018 alcanza un presupuesto total de $ 2.673 millones.
Comida sin control
En la misma dirección, el legislador porteño Leandro Santoro presentó un pedido de informes para que el ministerio de Educación brinde información sobre la implementación de la ley 3704, que establece un régimen para la promoción de la alimentación saludable de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar.
La solicitud responde a que en 2010 se creo por ley el régimen para la Promoción de la Alimentación Saludable de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar y, tras ocho años de su aprobación, no se conocen datos oficiales sobre su implementación y sus resultados.
Por ello, en el pedido de informes se solicita que el ministerio de Educación especifique las acciones de promoción, prevención, control y fiscalización llevadas a cabo en el último año calendario, informe si se han realizado inspecciones y labrado actas con incumplimientos de los colegios en cuanto a los controles realizados y si se realizaron denuncias de particulares en cuanto a colegios que suministran alimentos fuera de la Guía de Alimentos y Bebidas Saludables.
