Desde hace 10 años el gobierno de la Ciudad ha dispuesto que las comunas participen en la toma de decisiones acerca del empleo del presupuesto acercando propuestas y estableciendo prioridades de acción. Ante la falta de normativas que regulen la obligatoriedad desde la legislatura porteña se presentó un proyecto ley.
El sistema de presupuesto participativo se lleva a cabo en la Ciudad de Buenos Aires desde hace 10 años. Es una herramienta que favorece la participación ciudadana en la toma de decisiones acerca de la utilización del presupuesto que el Estado otorga a las comunas. Como tal, implementar una ley que determine la obligatoriedad de las formas de realización y organización es una tarea imprescindible que llega de la mano de la legisladora por la Coalición Cívica, Paula Oliveta Lago.
Esta forma de gestión surgió en Porto Alegre, Brasil a fines de la década del ochenta y fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas como una de las mejores prácticas de gestión urbana del mundo. A partir de esto cientos de ciudades del mundo la pusieron en práctica.
“Este sistema instala otro modo, más directo, flexible e informal, de debatir democráticamente el destino de parte de los recursos del erario público y de ejercer el control y seguimiento de su posterior erogación” afirma la legisladora.
La participación ciudadana en el presupuesto participativo implica una profundización del ejercicio de la democracia de forma descentralizada, en la cual se da relevanciaa las necesidades y demandas particulares de cada comuna estableciendo prioridades a partir de la participación y el consenso de sus miembros. A la vez que se genera un modo distinto de mediación entre Estado y sociedad, donde se legitiman las decisiones y acciones que toman las Instituciones.
La reglamentación propone una forma de organización que se divide en tres instancias de participación. La creación de un foro donde se informe a los vecinos sobre el presupuesto y la metodología de trabajo, la difusión y convocatoria para la participación vecinal de asambleas. La segunda instancia es la participación efectiva en Asambleas Comunales donde se designan los Delegados del Consejo vecinal, se expresan ideas, necesidades, propuestas de proyectos que se analizan y debaten para luego ser tratados por el Consejo junto al Gobierno de la Ciudad, establecer prioridades por consenso o votación, elaborar presupuestos y realizar un seguimiento de la ejecución de los mismos.
El consejo Comunal se compone de dos comisiones que trabajan para lograr objetivos de distinta índole: Proyectos Sociales y Proyectos Urbanos. La primera se encarga de cuestiones de Derechos Humanos, educación, salud, seguridad, producción y empleo; mientras que la segunda trabaja sobre el espacio público, medio ambiente, servicios y obras públicas.
La correcta implementación del Sistema de Presupuesto Participativo consolida un mecanismo de control eficaz de la Administración en manos de la sociedad civil, asegurando la transparencia en la ejecución de los proyectos; a la vez que requiere compromiso y responsabilidad por parte de esta como protagonista activo, al involucrarse de forma efectiva en la gestión pública.
