La Constitución obliga al Ejecutivo a presentar el proyecto antes del 30 de septiembre a fin de que pueda ser discutido con tiempo suficiente por legisladores y organizaciones civiles. Sin embargo, aún no se conoce la ley y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia realizó una presentación ante la jueza Elena Liberatori.
En medio de la fuga de funcionarios a territorio bonaerense, entre ellos el ex ministro de Hacienda y nuevo intendente de Lanús Nestor Grindetti, el nuevo jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta tendrá que hacerse cargo de resolver los huecos que dejó su antecesor y sus funcionarios. En este caso en particular uno nada menor: el presupuesto 2016.
Estipulado por la Constitución para ser presentado antes que finalice el mes de septiembre del año anterior, la ley que organiza y define las prioridades a atender para el año próximo aún brilla por su ausencia en la Legislatura y ya generó reacciones no sólo de legisladores sino fundamentalmente, de organizaciones del ámbito civil, que ya hicieron una presentación ante la justicia porteña.
Tal es el caso de ACIJ, quien esta semana solicitó se dicte una medida cautelar para ordenar al Poder Ejecutivo a que presente el proyecto de Presupuesto 2016.
Entre los fundamentos se destaca que esta omisión en la que incurre el Poder Ejecutivo, que no tiene precedentes en la historia de la Ciudad, “tiene consecuencias graves, en cuanto impide a la ciudadanía conocer con la antelación necesaria prevista en la Constitución cuáles son las previsiones de ingresos y gastos que proyecta el Poder Ejecutivo para el próximo ejercicio, frustrando su derecho a peticionar a las autoridades y participar de los asuntos públicos”.
A su vez, tampoco permite que los propios legisladores puedan debatir y analizar con el suficiente tiempo las partidas presupuestarias definidas para 2016.
Este argumento que pone de relevancia la Asociación Civil no es un capricho sino un hecho comprobado en la práctica y plasmado en la Constitución y en la Ley 70. “Hemos modificado el plazo que fijaba la ley orgánica municipal, al llevar la fecha del 30 de octubre al 30 de septiembre, porque la experiencia parlamentaria nos ha indicado que eran muy exiguos los plazos para el tratamiento sesudo y analítico del proyecto que remitía el Ejecutivo” – definieron los parlamentarios que participaron de la Convención Constituyente en la década del ´90. “O sea que hemos seguido los lineamientos trazados por la ley orgánica municipal, pero modificando las fechas y los plazos. Asimismo, se refuerza la idea de previsión y discusión del proyecto de ley de presupuesto por parte de todos los actores políticos llamados a participar en su elaboración”.
Por ello desde ACIJ aseguran que, ante esta violación gubernamental del mandato constitucional, que lesiona el derecho a la participación, a la información y al debido proceso presupuestario, “resulta imprescindible la intervención del Poder Judicial de la Ciudad para revertir con carácter urgente la situación existente” e hicieron la presentación correspondiente. La causa tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 1 de la Ciudad, a cargo de la jueza Elena Liberatori.
