El abogado, ambientalista e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo criticó el proyecto que impulsa el gobierno porteño que cambiará la fisonomía de la Ciudad el cual considera hecho a la medida de las grandes desarrolladoras inmobiliarias.
En el día de hoy, más de 100 organizaciones de la sociedad civil se manifestarán frente a la sede de Gobierno (Uspallata 3160, Parque Patricios) donde se desarrollará el Seminario del Foro Participativo Permanente, convocado por el ejecutivo porteño para debatir el nuevo Código Urbanístico y el nuevo Código de Edificación para la Ciudad.
Los convocantes denuncian que estos nuevos Códigos están hechos en función de las necesidades de las grandes desarrolladoras inmobiliarias y no de las necesidades de los habitantes de la Ciudad.
Desde Nadie Nos Invitó, conversamos sobre este tema con Jonatan Baldiviezo, abogado, ambientalista e integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que organizó esta manifestación y que ha desarrollado una profusa cantidad de material referida a este tema.
NNI: ¿Cuáles son las novedades que plantea este nuevo Código?
JB: Las novedades que plantea el nuevo código urbanístico tienen que ver con cambiar la estructura de planificación de la ciudad, que hasta ahora fue basada en distritos. Esos distritos lo que establecían era la capacidad constructiva de una parcela, es decir, la cantidad de metros cuadrados que se podían construir, las alturas y los usos que se daban a esas parcelas.
La idea es que este nuevo Código se va a basar mas en las formas que en formulas matemáticas. Para eso resulta relevante únicamente establecer las alturas de lo que se puede construir en una manzana. También deja de ser la parcela la unidad de medida sino algo más amplio como son las manzanas de las ciudades.
Con respecto a los usos, van a estar determinados por grandes zonas y ya no va a ser una determinación por distrito o parcela por parcela. La idea es que los usos estén mezclados (vivienda, residencia, comercio, industria), a diferencia de lo que sucede hoy donde los distritos tiene usos muy marcados y únicos.
NNI: ¿Por qué crees que el gobierno impulsa estas modificaciones?
JB: El gobierno impulsa la modificación de este nuevo Código a pedido de los inversores y las grandes desarrolladoras inmobiliarias del país que tiene dos objetivos. Por un lado, lograr seguridad jurídica ya que en los últimos años la gran cantidad de permisos ilegales ha hecho que la justicia intervenga y ordene el freno y la demolición de grandes obras. Esto genera una incertidumbre a la empresas que no saben si sus obras van a ser cuestionadas o no ya que ha sido sistemático el tema de conseguir permisos, incluso pagando coimas, que exceden las normas del código de planeamiento. Lo que viene a legalizar estas ilegalidades es rediscutir la planificación de la ciudad y establecer un nuevo código que permita lo que no se permitía anteriormente
La segunda cuestión es que el mercado inmobiliario, además de seguridad jurídica necesita nuevos espacios donde expandir las fuerzas y la presión del mercado inmobiliario. Esos grandes espacios están relacionados con la zona sur donde se van a autorizar la construcción de grandes torres y en avenidas y los pórticos de la general Paz.
NNI: ¿Qué críticas le realizan ustedes a esta propuesta?
JB: El Código no viene a solucionar ninguno de los problemas que se han reclamado en los últimos años desde la ciudadanía. No resuelve el problema de las inundaciones, no establece herramientas para evitar que sigan existiendo inmuebles ociosos en la ciudad, que la capitalización del esfuerzo publico que genera incrementos en los valores del suelo y las viviendas no sea apropiada únicamente por los propietario sino que vuelva un porcentaje a la ciudadanía, es decir, no hay herramientas que contribuyan a una distribución igualitaria, no hay herramientas que eviten que el porcentaje de inquilinos aumente, que impidan que la concentración del suelo urbano quede en pocas manos. Todas estas problemáticas que se han reclamado en la ciudad en los últimos años, como también la protección patrimonial o el colapso de los servicios públicos, son como inexistentes en el nuevo código urbanístico que únicamente se ocupa de dar reglas claras al mercado inmobiliario y de otorgar sectores para que sigan profundizando sus negocios.
