Denuncian que el Programa presenta graves irregularidades que resultan perjudiciales para la comunidad educativa y que la Organización que lo lleva a cabo está formada por empresas como Coca Cola, Monsanto, Dow Chemical que tienen varias denuncias por ejercer “influencia indebida” sobre las políticas destinadas a proteger la salud pública
Mi Escuela saludable es un programa que lleva a cabo el Ministerio de Educación junto al Ministerio de Salud y empresas del tercer sector. Su objetivo según su página web es “promover hábitos saludables para prevenir y disminuir el avance del sobrepeso/obesidad y mejorar la calidad de vida de toda la comunidad educativa.”. Para llevarlo a cabo, se informa en su página que se trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y organizaciones del tercer sector. Además participan del programa 176 escuelas de nivel inicial y primario de zonas determinadas por el Ministerio de Salud que presentan prevalencia de sobrepeso y obesidad de la Ciudad. En cada institución, se trabaja con los niños, familias, docentes y equipos de conducción a través de diferentes actividades como: talleres de educación alimentaria, actividades recreativas y entrega de material educativo.
Algunas de las escuelas de la Ciudad elevaron denuncias manifestando su fuerte rechazo por las irregularidades que presenta el Programa, que resultan perjudiciales para la comunidad educativa y el sistema escolar público ya que carece de los fundamentos en torno al impacto de las investigaciones y sus efectos psico-sociales en los niños.
Una de las escuelas denunciantes, la Escuela N°26 plantea en este sentido que la escuela “manifiesta su rechazo al estudio de impacto tal como ha sido planteado y recomienda para que no se realice la evaluación de impacto en las condiciones planteadas en ninguna otra escuela, hasta su revisión completa y garantía de un comité de ética científico que garantice que el uso de un acelerómetro (sujetado por un cinturón) en niños y niñas de 7 y 10 años aproximadamente, y durante toda la jornada escolar (8 horas), no daña su salud física y psíquica”.
Además plantean que la Organización ILSI está formada nada menos que por empresas como Coca Cola, Monsanto, Dow Chemical y otros laboratorios, empresas que pocos favores hacen a la salud de la población y que de hecho tienen varias denuncias anteriorespor ejercer “influencia indebida” sobre las políticas destinadas a proteger la saludpública. Y ya que el programa plantea un estudio comparativo entre los que participan de é y los que no, más bien parecen utilizar a los niños y niñas como conejillos de indias para sus propios estudios de mercado.
Finalmente, otro aspecto del problema es la situación de recorte presupuestario que sufren los comedores escolares y las becas de alimentos que suelen ser en base a dieta de harinas de mala calidad y grasas en alta proporción, cuando llegan en estado o sufren demoras en su entrega, lo que encubre también la responsabilidad que tiene el Estado frente a la falta de alimentación de grandes franjas de la población que asisten a la escuela a comer y reciben a cambio “viandas” insuficientes. Ante esto se solicita que la organización del programa trabaje en forma conjunta con las comisiones de Comedor y realizar acciones en las que se articulen las propuestas con las posibilidades reales con que se cuenta.
Las denuncias fueron acompañadas por un proyecto de resolución del legislador Patricio del Corro, del bloque del PTS, quien acompaña el pedido de los informes correspondientes a la organización del programa formulación y modos de llevar a cabo dicho programa haciendo especial énfasis en que se explicite en estos las normativas que permiten que una empresa privada sea contratada por el Estado para realizar las tareas que le corresponden al Ministerio de Salud y que se superponen con el personal que ha tomado las tareas por concurso público, el presupuesto, el contenido y las actividades destinadas a los niños y la posterior evaluación.
