El programa de Atención de Inquilinos e inquilinas de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad dió a conocer que que, entre diciembre y enero del corriente, aumentó verticalmente la complejidad de los casos ingresados, entre los que se destacan, aumentos de más del 60% para la renovación; deuda acumulada de alquiler de más de dos meses, con pérdida de empleo o menores ingresos, y negativa de la inmobiliaria a firmar contrato legal de 3 años.
Desde el inició de la pandemia el área reportó el aumento exponencial de casos mes a mes. Sin embargo, en estos últimos 45 días se registró un cambio brusco en el perfil de la demanda o las consultas, con casos donde mayoritariamente se ve afectada o en riesgo la vivienda por alquiler.
Para el último período (corte al 15/01/21), el 70% del total de casos ingresados manifiesta:
* Renovaciones de contratos con aumentos por encima del 60%;
* Deuda acumulada de alquiler de más de dos meses, con pérdida de empleo o menores ingresos;
* Negativa de la inmobiliaria a firmar contrato legal de 3 años.
* Obligación de firmar prórroga con aumento, que es decir contrato ilegal.
* Amenaza de desalojo una vez vencido el DNU sobre alquileres, o corte intempestivo del servicio de agua y/o gas, para forzar la salida de los inquilinos.
“Adentro de las viviendas alquiladas se viven situaciones extremas. En plena crisis, la demora en extender el decreto que protege viviendas favorece las peores prácticas del mercado, con inquilinos que sin más remedio abandonan sin destino sus hogares o se ven forzados a aceptar prorrogas ilegales o renovaciones con aumentos grotescos”, declaró Fernando Muñoz, responsable de Inquilinos en la Defensoría del Pueblo
El próximo 31/01/21 vence el DNU que protege la vivienda por alquiler. Una vez más se vive en tensión y se sufren abusos, porque ni siquiera hubo una comunicación oficial de extensión de la medida de protección. La última prórroga de este DNU se oficializó 48 hs antes del vencimiento.
“Todos los países y ciudades del mundo a los que solemos referirnos agudizaron la protección del alquiler, mientras que en el nuestro, con 9 millones de personas dependiendo de esa vía para acceder a algo tan básico como la vivienda, prevalece esta irresolución ciertamente regresiva en términos de derechos humanos. Urge que el Gobierno Nacional oficialice la extensión de esta norma hasta que dure la emergencia y planifique un plan de desendeudamiento de las familias inquilinas”, concluyó Fernando Muñoz, responsable del Programa de Atención de Inquilinos e inquilinas de la Defensoría del Pueblo