Por unanimidad, los legisladores porteños aprobaron la Ley Brisa, a fin de proteger a los menores que quedaron huérfanos de madre y con su padre en prisión, procesado o condenado. Se les otorgará un monto equivalente a la jubilación mínima y cobertura médica.
La asignación consiste en el pago mensual de un monto en dinero equivalente a la jubilación mínima a cada menor afectado, que hará efectivo el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y percibirá el tutor, curador, adoptante o familiar a cargo. Los beneficiarios también tendrán cobertura médica asistencial.
Podrán acceder a esta reparación los menores cuando «su padre haya sido procesado o condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de delito de femicidio contra su madre» y también «cuando la acción penal seguida contra su padre, en la causa donde se investigue el homicidio de su madre, se haya declarado extinguida por muerte de aquél».
Para recibir la reparación económica los requisitos son: ser hijo/a de la progenitora fallecida; menor de 21 años o discapacitado/a sin límite de edad y tener domicilio real en la Ciudad de Buenos Aires. Los habitantes de nacionalidad extranjera tendrán iguales derechos pero estos caducarán si se ausenta del territorio metropolitano por más de dos años continuados.
La iniciativa original fue de la Defensoría del Pueblo y luego se agregó un proyecto de los diputados Graciela Ocaña y Diego de García Vilas (CP). Finalmente, el jefe del bloque oficialista Francisco Quintana (PRO) propuso consensuar el contenido de la norma para lograr la mayor cantidad de adhesiones.
“Nosotros propusimos un salario mínimo, vital y móvil, que pareció excesivo. Entonces se acordó la jubilación mínima”, aseguró a Nadie Nos Invitó el Deefensor del Pueblo de la Ciudad Alejandro Amor. “¿Sabés de cuantos casos estamos hablando? De 59 chicos, pueden escribir el dato y darlo oficialmente: se discutió el monto del salario mínimo a la jubilación mínima, es decir mil y algo de pesos. Aceptamos por una cuestión de sentido común, yo tampoco me iba a poner en pelotudo a decirle “no”, será una pelea más adelante. Quiero aclarar que todos los bloques, en esto hay unanimidad, Andrea Conde que es la titular de la comisión ha sido muy dura en esto, también Carmen Polledo. En eso no hay diferencia política, solo me sorprendió lo del monto, me pareció increíble”, reflexionó Amor.
El Defensor del Pueblo también destacó el trabajo conjunto con La Casa del Encuentro, organización a la cual se le otorgó el permiso uso de un predio en la calle Yatay 125 por 20 años. “También avanzamos en el otorgamiento de una casa para la Casa del Encuentro, que hoy no tiene, la ley salió aprobada por unanimidad y se les va a otorgar una casa a la gente que realmente lleva el único registro de femicidios de toda la República Argentina de carácter completo”.
“Recordemos que la Casa del Encuentro, y nosotros acompañamos eso, tiene una crítica hacia el registro que lleva la Corte de Suprema a cargo de Highton de Nolasco, porque ahí no se computan como víctimas de femicidio por ejemplo, a los trans, se las deja afuera de este relevamiento, tampoco a los que se suicidan, a los victimarios. Recién ahora se empezó a computar a los chicos que eran víctimas o hijos de víctimas. En el último informe estuvimos acompañando y seguimos diciendo que es incompleto y que el Estado y la Corte tiene la obligación de hacerlo completo. Si el de la Casa del Encuentro es completo, la Corte tiene obligación de que sea el más importante”, aseguró Amor.
Según la Asociación Civil «La Casa del Encuentro», que impulsó y participó en la elaboración del proyecto de Ley Brisa, se registraron entre los años 2008 y 2015 un total de 2.518 hijos e hijas que fueron víctimas colaterales de femicidios, de los cuales 1.617 son niñas, niños y adolescentes.
