Escribe: Alejandro Volkind

 

 

Tortillitas de verdura sin verdura, medallones de pescado con más almidón que proteínas, madalenas, productos ultraprocesados para bebés de un año son algunos de los resultados a los que llegaron las cooperadoras y comunidades de las escuelas de CABA cuando fiscalizaron el servicio de comedores escolares que reina en la Ciudad desde hace 30 años.

 

 

A ese diagnóstico hay que sumarle enormes trabas a la hora de inscribirse a la beca alimentaria, viandas y porciones que no cumplen con los gramajes establecidos en los pliegos y una reducción sistemática de las raciones enviadas a las escuelas por parte de las empresas dedicadas a proveer a los comedores escolares.

 

 

Ahora, el GCBA pretende continuar por cuatro años más con este servicio y convocó a una licitación pública que está pensada para que todo siga igual. El 11 de marzo se abrieron los sobres con las ofertas presentadas por las empresas y en breve, la Comisión evaluadora dará a conocer qué concesionarias tendrán la responsabilidad de garantizar el servicio de comedor en cada escuela. Un negocio de más de 50 mil millones de pesos ($50.055.347.712) que ya tendría ganadores anticipados –las 19 empresas que hoy en día se ocupan del servicio- y perdedores asegurados: les estudiantes de la Ciudad.

 

 

 

La Comunidad Educativa se organiza

En este contexto, familias, cooperadoras y organizaciones políticas y sociales comenzaron a reunirse y articular para definir y llevar a cabo acciones para modificar radicalmente el sistema de alimentación escolar en la Ciudad.

En esta dirección, bajo la consigna “¡Nuestrxs hijxs tienen derecho a una buena alimentación escolar!”, lanzaron la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs, con la participación de la comunidad educativa”

 

 Universalizar el servicio de comedor

El primer punto que resalta es que, en la Ciudad, el sistema de alimentación escolar es una política social focalizada, no incluida en la política universal del acceso a la educación pública. Es decir, en el sistema educativo no se pide ningún tipo de declaración de ingresos económicos para poder tener el derecho a ir a una escuela pública. Sin embargo, dentro de este sistema universal, se fue imponiendo una política focalizada respecto a las becas alimentarias (a través de la Ordenanza N° 43.478 de 1989), que habilita al GCBA a generar este sistema de estudiantes becados y no becados. De esta forma, todos los años las familias -aún aquellas que no quieren recibir esas beca- tienen que llenar un formulario online donde se solicita una enorme cantidad de información y a partir de allí el gobierno evalúa a quienes adjudica o no ese beneficio.

 

Esta política focalizada y las trabas en su implementación –donde muchas familias ni siquiera pueden completar con éxito la engorrosa inscripción- genera que las empresas envíen a las escuelas una cantidad de raciones de comida menor de las que se necesitan.

 

La Constitución de la CABA, sancionada con posterioridad a la Ordenanza N° 43.478, dispone en su art. 24 que la Ciudad “asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades”. Si el Sistema Alimentario Escolar está dentro del sistema educativo, como lo está, no podría existir un sistema de políticas focalizadas como es el sistema de becas alimentarias porque un sector esencial de la educación pública no sería gratuito.

 

 

Democratizar la discusión de la prestación del Servicio de Comedores en las escuelas

La Constitución de la Ciudad, en su art. 24, dispone que la ciudad “Organiza un sistema de educación administrado y fiscalizado por el Poder Ejecutivo que, conforme lo determine la ley de educación de la Ciudad, asegure la participación de la comunidad y la democratización en la toma de decisiones.”

 

Este mandato va en la dirección del art. 1 de la Constitución de la Ciudad que establece que “La Ciudad de Buenos Aires, conforme al principio federal establecido en la Constitución Nacional, organiza sus instituciones autónomas como democracia participativa (…)”.

 

La Ciudad no cuenta con una Ley de educación, a más de 25 años de la aprobación de la Constitución. Pero para esta situación también la Constitución tiene una respuesta en su art. 10: “Los derechos y garantías no pueden ser negados ni limitados por la omisión o insuficiencia de su reglamentación y ésta no puede cercenarlos”.

 

En consecuencia, en toda discusión de política educativa, el GCBA tiene la obligación de convocar a la “comunidad educativa” para garantizar la mayor democratización de la toma de decisiones. Esto no sucedió de forma previa a la elaboración de los pliegos de la licitación ni para pensar el sistema de provisión de alimentos en las escuelas.

 

El incumplimiento de la Democracia Participativa Educativa torna inconstitucional y nula la convocatoria de esta licitación.

 

 

 

Empresas ricas y comida pobre

Otro reclamo que se repite está relacionado con la calidad de la comida entregada. La experiencia de la Comisión de Comedor de la Asociación Cooperadora “Cooperarte” de la Escuela de Enseñanza Media No 3 del D.E. 7 “Osvaldo Pugliese”, en el barrio Villa Crespo, aporta un diagnóstico preciso y documentado de la situación.

 

Allí, entre el 2 de septiembre y el 2 de octubre de 2019 se realizó un registro y control diario de las viandas. Los resultados dieron que un 65% de las viandas pesaba menos que lo establecido en el Pliego. También se detectó la reducción en el número de ingredientes, y guarniciones repetitivas y que ocupaban una proporción del plato mayor que la estipulada, entre otras infracciones.

 

A su vez, aprovechando que docentes de biología estaban trabajando contenidos vinculados a la nutrición, se planificó un experimento, para el cual se tomaron muestras de los medallones de pescado y de verdura (que figura en el menú como “tortillita de verdura”, pero es un medallón rebozado).

 

El experimento demostró que el medallón de verdura estaba compuesto principalmente por arroz, y que el relleno del medallón de pescado da una reacción química débil de proteína (reacción de Biuret) y reacción positiva de Lugol (que ocurre cuando hay almidón). Es decir: el medallón no es de verdura y el relleno del medallón de pescado está mezclado con almidón.

 

 

Imagen. Juntada de firmas en la escuela primaria N° 15 DE 18 «Manuel Peña».

 

 

PROPUESTAS DE LA CAMPAÑA

Terminar con la privatización de los comedores. Ante este panorama, crece la decisión de familias y docentes de terminar con este sistema de comedores escolares concesionado, y pensar la transición hacia la recuperación de las cocinas escolares, para que se preparen los almuerzos y meriendas nuevamente en las escuelas.

 

Para ello se van formulando algunas propuestas:

1. Presentaremos una Acción Judicial de Amparo Colectivo cuestionando la constitucionalidad de la Licitación Pública 7192-1818-LPU21 de Servicio de Comedores Escolares y del Sistema de Becas, por violar las instancias obligatorias de participación de la comunidad educativa y violar el principio de universalidad y gratuidad de la educación pública.

Las planillas impresas y firmadas necesitamos que nos la envíen (Escaneadas o foto digital legible) a este Correo Electrónico: ciudadsomoshabitamos@gmail.com o a este Whatsapp: 1532667008

 

2. Potenciar la Ley N° 6.376 de Promoción de la Economía Social para incorporar a trabajadores de la economía popular que producen alimentos y garantizar una verdadera alimentación (nutritiva y suficiente) para les estudiantes.

 

3. Presentar un Proyecto de Ley que otorgue el marco a la transición hacia un sistema alimentario donde se priorice la educación alimentaria, la preparación de la comida en la escuela y se respete la Ley de etiquetado frontal recientemente aprobada.

 

4. Realizar un control comunitario con las cooperadoras de la cantidad y calidad de los alimentos brindados por las empresas concesionarias.