Los titulares de la cooperativa denuncian un inminente desalojo que estaría impulsado por el titular del inmueble. De producirse la expulsión del inmueble ubicado sobre calle Corrientes, los 43 trabajadores que administran y gestiona el histórico bar porteño quedarían sin su fuente de trabajo.
La preocupación de los 43 trabajadores y trabajadoras del Restaurante “La Casona”, ubicado en Av. Corrientes N° 690 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está motivada por la denuncia de desalojo que realizó el titular del inmueble. Esta inquietud es compartida por legisladores porteños que buscan difundir el caso para evitar que los trabajadores queden sin su única fuente de ingresos.
Los cooperativistas de la clásica pizzería y restaurante de la Av. Corrientes buscan que no se de curso a la actuación judicial impuesta por el dueño del inmueble, ya que fueron ellos los que hicieron frente a la administración del local una vez que fue declarada la quiebra en el año 2014.
Este escenario, motivó al legislador José Cruz Campagnoli, del bloque Frente para la Victoria, a presentar un Proyecto de Declaración con el objeto expresar su preocupación frente a la situación que atraviesan estos trabajadores y trabajadoras. La iniciativa también recibió el acompañamiento de la diputada María Andrea Conde. Por el momento, Campagnoli es el único que ha manifestado a través de una iniciativa legislativa su acompañamiento a los cooperativistas pero se espera que el proyecto sea tratado y aprobado en la comisión a la que fue girado, de Desarrollo Económico, Mercosur, y Políticas de Empleo, para que luego pueda ser sancionado en recinto.
En aquel momento, los trabajadores conformaron una cooperativa y, hasta la fecha, se han hecho cargo del restaurante demostrando eficiencia y viabilidad productiva. Sin embargo, desde principios del 2014 comenzaron a tener inconvenientes. En primer lugar, despidieron a los empleados más viejos del restaurante, y luego comenzaron a vaciar el local, llevándose el mobiliario fundamental para la tarea. En julio del 2014, ante este intento de vaciamiento, comenzaron con sucesivas medidas de fuerza con el objetivo de preservar la fuente laboral, exigir el pago de salarios adeudados, formalizar las relaciones laborales de los empleados que no se encontraban registrados, y reincorporar a los trabajadores cesanteados.
Luego de meses de negociación y ante el esfuerzo sostenido de los trabajadores, la cooperativa llegó a un acuerdo con el dueño de la empresa para que la misma se haga cargo de la explotación del restaurante. En septiembre celebraron el primer año de la etapa autogestionada del histórico bar de cartel rojo y blanco.
A pesar de ello, en noviembre, los trabajadores se anoticiaron que, a pesar de haber cumplido durante estos largos meses en tiempo y forma con el pago del alquiler, el dueño del inmueble de Avenida Corrientes -entre Maipú y Florida- impuso una demanda de desalojosin mediación alguna. En consecuencia, hoy los trabajadores se encuentran ante la posibilidad de perder sus empleos.