A poco de empezar el ciclo lectivo 2019, la periodista especialiazada en alimentación Soludad Barruti volvió a colocar el tema en agenda. “Harina blanca, azúcar, aceite y aditivos. Yogures que son casi golosinas. Leche rebajada con agua para bebés. Quienes lo diseñaron son unos delincuentes”, sentenció la periodista, quien consideró que el menú que proveen las empresas concesionarias en los comedores escolares “es violencia”. A continuación, un informe destallado sobre quiénes son esas empresas y cómo desde hace más de dos décadas hacen negocios a costa de la alimentación de les niñes de las escuelas públicas.
Por Alejandro Volkind (para Revista MU)
En Buenos Aires, la ciudad de las concesiones, el servicio de comedores escolares está privatizado. Diecinueve empresas que se constituyeron exclusivamente para brindar este servicio se encargan de preparar 213 mil desayunos y 113 mil almuerzos por día para les niñes que concurren a la escuela pública. Son ellas las que, desde hace más de 20 años, proveen las materias primas a los comedores, elaboran y reparten las viandas y hasta suministran la vajilla que se utiliza en cada comida.
Esta continuidad en la tarea, lejos de basarse en la excelencia del servicio, responde a un entramado legal elaborado por el propio gobierno de la Ciudad que les garantiza a estas empresas quedarse con cada licitación que se realiza. ¿El resultado? Un mercado cautivo de estómagos que mueve más de 2000 millones de pesos por año.
Sin competencia a la vista y con el aval del Estado, los concesionarios gozan de una tranquilidad que roza la impunidad y que se traduce en una pésima calidad del servicio. “En la Escuela N°21 DE 17 – asegura un informe de la Auditoría porteña- se observó que la carne presenta grasa visible, no es tierna y su sabor no es agradable; se observa faltante de ingredientes en la preparación, que las verduras no son visibles en la ración servida y que el arroz blanco no tiene sabor”. Por si faltara aclararlo, el informe remarca que se observó “una escasa aceptación del menú por parte de los niños”.
Esta descripción se repite en cada uno de los 16 informes elaborados desde 2003 por el organismo de control porteño. La mayoría de las observaciones están vinculadas a incumplimientos de aspectos sensibles de las comidas como el gramaje establecido en el pliego, temperaturas de servicio de los alimentos, olor, color y gusto, cumplimiento de regulaciones bromatológicas, capacitación del personal y cuestiones referidas al cumplimiento de normas nacionales.
Sin embargo, pese a reiterados y groseros incumplimientos -la Auditoría los llegó a denominar “incumplidores seriales-, las sanciones por parte del gobierno son inexistentes. “En los últimos 16 años, solo aparecen tres casos de rescisiones de contratos por culpa del concesionario y ello no se debe precisamente a que las empresas prestan un servicio que no amerite sanciones”, aclara a MU Mariela Coletta, una de las auditoras.
Imagen. Vianda que se recibió en la Escuela 10 DE 8 (Abril de 2018)
La complicidad del Estado es tan grande que resulta imposible conocer cuántas infracciones acumulan. Eduardo Barreyro, abogado e integrante del grupo Vacantes para tod@s en las escuelas públicas, intentó averiguarlo. Como era de esperar, el resultado fue infructuoso. “El Gobierno adujo que no tenía las denuncias porque no lleva el archivo, y sólo me remitió a expedientes electrónicos con multas firmes, no indicándome siquiera cuáles eran esas multas”, explicó a MU. “Obviamente inicié el juicio, pero tuve la mala suerte que cayó en el juzgado más proclive al Gobierno y consideró que estaban dadas las respuestas”.
El mensaje es claro: en Buenos Aires, la ciudad de las concesiones, la ganancia manda, el Estado obedece y el estómago paga las consecuencias.
