El gobierno porteño busca adquirir para la nueva fuerza de la Ciudad un polémico armamento antidisturbio que, según denuncian organizaciones de Derechos Humanos, son escopetas calibre 68 que pueden voltear a una persona a casi cien metros de distancia. En 2015, la Policía Metropolitana había intentado adquirir pistolas eléctricas Taser que, luego de ser denunciadas, tuvieron que dejarse de lado.
La licitación que el gobierno porteño publicó recientemente en el Boletín Oficial destinada a la compra de armamento para la nueva Policía de la Ciudad contiene algunas novedades que pusieron en alerta a los organismos de Derechos Humanos porteños.
La principal de ellas corresponde al rubro Control de disturbios y, hace referencia a lo que el propio gobierno denominó “Less lethal weapon”.
“Las armas menos letales, tal su nombre en inglés, son armas antidisturbios”, explicó a Nadie Nos Invitó Demian Konfino, integrante del Observatorio por los Derechos Humanos de la Ciudad. “Su característica es que no tienen plomo, con lo cual pueden entrar en este rubro las armas eléctricas o las armas sonoras”.
Para el caso de las armas que licitó el gobierno se trata de escopetas calibre 68 que, según la propia descripción del Ministerio de Seguridad, son para “control de disturbios y neutralización de sospechosos violentos” y posee un “sistema de aire comprimido” cuyo alcance va de los 50 a los 100 metros de alcance efectivo.
Sin embargo el gcba lanzó licitación, calibre muy amplio en su diámetro que posee “Son proyectiles muy contundentes que tumban a la persona a 100 metros de distnacia y eso, en muchas ocasiones, ha generado la muerte de la persona y distintos daños y discapacidades”, advierte Konfino.
La principal preocupación del Observatorio es la desregulación que existe sobre este nuevo tipo de armamento. “Este tipo de equipos es muy cuestionado, ya que no existe protocolo para utilizarlos. Varios organismos internaciones destacan la ausencia de normas y procedimientos internacionales sobre su uso y denuncian su utilización en protestas sociales”, aseguró Konfino, quien también advirtió que no existen instancias de evaluación, ni capacitación a los efectivos que las van a utilizar ni procedimientos a seguir. Mucho menos rendición de cuentas.
“Tenemos el temor fundado que se utilice indiscriminadamente” aseguró Konfino y adelantó que el Observatorio presentará un pedido de informes ante el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad para conocer el uso específico de este armamento.
¿Unas nuevas Taser?
Para Konfino, la compra de este nuevo armamento va en la misma dirección que la adquisición de las pistolas eléctricas Taser, realizadas por la Policía Metropolitana en 2015. En este caso, el ODH ha realizado diversas presentaciones en contra de la utilización de estas pistolas. Sin embargo, a finales de 2015 la Corte Suprema dio vía libre a su uso.
Ante esta situación, el Observatorio elevó el planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Nosotros a fines de 2016 elevamos el planteo ante la CIDH, acompañados de un conjunto importante de organizaciones de Derechos Humanos, y ahora estamos a la expectativa que venga a revertir el fallo de la Corte que no se pronunció pero que al no hacerlo validó lo dicho por el superior tribunal, que permitió su uso. Dijo que debía haber un protocolo pero en definitiva habilitó su uso porque no había un caso de una persona torturada y aseguró que nosotros lo planteamos prematuramente. Esta opinión es contraria a la emitida por la primera instancia y la de la Cámara, que habían dicho que nosotros podíamos hacer este pedido debido a la peligrosidad ante el daño eventual que podían generar estas armas ya que efectivamente estaba comprobado que violaban derechos en distintas partes del mundo. Organizaciones como Amnistía Internacional o el Comité contra la tortura de la ONU habían recomendado su no uso, por vulnerar el derecho a la integridad física, a la salud y eventualmente a la vida».
«Sin embargo el Superior Tribunal borra de un plumazo el instituto del amparo al plantear que solo se puede recurrir al amparo por un daño concreto y no inminente” aseguró Konfino, quién dejo en claro que seguirán la pelea judicial. “Nosotros tenemos la vocación que la CIDH venga a poner las cosas en su lugar y diga junto a nosotros picanas eléctricas en la argentina nunca más”.
