El proyecto, presentado en la Legislatura, sostiene que el acceso a los Servicios Públicos es un Derecho Humano y por ende, busca proteger a las familias de los cortes de los servicios públicos por incapacidad económica. También amplia los beneficiarios de la Tarifa Social. “Más de la mitad de la población porteña se encuentra en situación de Pobreza Energética”, aseguran los impulsores de la iniciativa.
La organización Asamblea Ciudadana, que nuclea a distintas agrupaciones comunales, políticas y sociales de la Ciudad, presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para declarar la Emergencia Eléctrica en la Ciudad. La iniciativa, que busca tratarse en sesiones extraordinarias, prohíbe los cortes de los servicios públicos por incapacidad económica y amplia a los beneficiarios de la Tarifa Social.
“La divergencia entre el aumento de la tarifa eléctrica y el de los ingresos de la población se ha acentuado en los últimos dos años a favor de las primeras, creando dificultades para que distintos tipos de usuarios puedan solventar sus consumos eléctricos básicos”, sostiene el proyecto, donde se asegura que más de la mitad de la población porteña se encuentra en situación de Pobreza Energética.
Ampliación de la Tarifa Social
A su vez, el proyecto propone ampliar los beneficiarios de la Tarifa Social, aprovechando que, a partir de la Resolución N° 122/2018 del Ministerio de Energía, el Gobierno Nacional suspendió su aporte presupuestario al sostenimiento de la tarifa social de electricidad transfiriendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la responsabilidad de generar sus propios regímenes de aportes al consumo eléctrico de la población a partir del 1 de enero de 2019.
Por ello, la iniciativa profundiza los beneficios a quienes ya reciben la Tarifa Social e incluye nuevos beneficiarios. “El actual régimen de Tarifa Social resulta insuficiente para atender la desesperada situación en la que se encuentran los sectores residenciales. Tampoco alcanza a los colectivos que realizan actividades comunitarias (como los clubes de barrio, comedores) y a las pequeñas empresas. Por estos motivos, este proyecto tiene por objetivo considerar a estos tres sectores y ampliar el consumo alcanzado por la Tarifa Social”, asegura el proyecto.
A su vez, la intención del proyecto es profundizar el control sobre las empresas prestadoras del servicio eléctrico. Por ello, propone crear un Registro que tendría por objeto recibir denuncias y sistematizar información relacionada a la inadecuada prestación del servicio público de distribución de electricidad y al corte del suministro por falencias del sistema o fallas técnicas. A su vez, cada sede Comunal tendría la obligación de recibir las denuncias e información del párrafo anterior por parte de sus habitantes a fin de comunicárselas a la Autoridad de Aplicación.
Una Ciudad que puede hacerse cargo
Los fundamentos que sostienen el pedido se basan no solo en no la desesperante situación económica de una parte muy importante de las familias porteñas, sino también en la posibilidad concreta que tiene el gobierno de la Ciudad de solventar los gastos que la medida implica.
“Constituye una falacia la idea de que cada cual debe pagar lo que consume ya que las sociedades contemporáneas en todo el mundo se articulan a través de sistemas de compensaciones mutuas que hace posible la vida en común, siendo algunos de estos sistemas las políticas impositivas, los beneficios otorgados a empresas industriales o de servicios y los subsidios a consumos básicos de la población”, asegura el proyecto.
