El proyecto, presentado por el legislador Gustavo Vera, busca revisar la legalidad de todas las operaciones destinadas a adquirir deuda pública desde 1996 hasta el 2015 y a verificar la utilización del destino de los fondos.
El diputado porteño Gustavo Vera (Bien Común) presentó esta semana un proyecto de Ley que busca crear dentro de la Legislatura una Comisión Especial de Investigación sobre el Origen, Legalidad, Revisión y Seguimiento de las Negociaciones relativas a la Deuda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según el proyecto, la Comisión tendrá como objetivo el establecimiento de la legitimidad y legalidad de todas las operaciones de endeudamiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires, desde el año 1996 hasta el 2015, revisar todos los procedimientos legales y administrativos concernientes al endeudamiento de la ciudad; analizar los aspectos legales de los contratos celebrados con instituciones financieras, como así también el cumplimiento de las normas legales en la emisión de bonos, así como la verificación de la utilización del destino de los fondos. Estará integrada por once diputados miembros de la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria respetando la proporcionalidad de los bloques políticos que la integran. El presidente será designado por acuerdo de sus miembros.
La Comisión podrá recibir denuncias, escritas u orales, y material probatorio sobre los hechos que son objeto de la investigación; requerir y recibir declaraciones testimoniales, realizar inspecciones oculares, debiendo dejarse constancia de sus resultados; solicitar a la justicia penal el allanamiento de oficinas públicas y privadas a fin de incautar documentación probatoria; solicitar informes escritos u orales, o el envío de documentación, sobre los hechos que sean objeto de investigación a los demás poderes del Estado y denunciar ante la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con el curso de la investigación, entre otras facultades. Sin embargo, la comisión quedaría exceptuada de los secretos bancario, bursátil y fiscal, en caso de ser necesario, para los fines de la investigación, estando autorizadas las respectivas autoridades de aplicación a entregar a la información solicitada.
La investigación que lleve a delante la comisión, que deberá elaborarse en un plazo no mayor a un año, deberá quedar plasmada en un Informe Final, que exponga, en caso que las hubiese, las irregularidades e ilícitos en el endeudamiento contraído, con carácter vinculante desde el 30 de diciembre de 1996 en adelante, hasta la última emisión de bonos del año 2015.
El informe también tiene como objetivo establecer las responsabilidades de los funcionarios actuantes en el proceso de endeudamiento, con la intención de llevar adelante las acciones judiciales que pudieran corresponder civil o penalmente.