El Centro comenzaría a funcionar en septiembre y estará a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Su objetivo será alojar a quienes cometan “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”, según informó la DGM. La medida fue ampliamente rechazada por varias organizaciones e instituciones vinculadas, nacional y mundialmente, a la defensa de los Derechos Humanos
El19 de agosto, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, junto a la Dirección Nacional de Migraciones (DGM), firmaron un convenio por el cual nuestro distrito cedió en comodato a dicho organismo un inmueble en el barrio de Pompeya, para la construcción del primer Centro de Detención de Migrantes de la Argentina, para los siguientes cuatro años.
El Centro comenzaría a funcionar en el mes de septiembre y estará a cargo del Servicio Penitenciario Federal. Su objetivo será alojar a quienes cometan “infracciones a la Ley de Migraciones vinculadas con el ingreso ilegal al territorio o dictámenes judiciales, previo a su expulsión del territorio”, según informó la DGM.
La medida fue ampliamente rechazada por varias organizaciones e instituciones vinculadas, nacional y mundialmente, a la defensa de los Derechos Humanos. En particular Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que “desalienta la utilización rutinaria de la detención de personas extranjeras como herramienta para el ejercicio del control migratorio” y sostuvo que “toda persona, incluidos los migrantes y solicitantes de asilo, tiene derecho a la libertad y la libre circulación, y a protección frente a la detención y reclusión arbitrarias”.
En el mismo sentido se expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó que “la condición de irregularidad en los términos migratorios de una persona no puede ser vista nunca como un problema de seguridad, sino que es una cuestión clave para el reconocimiento y ejercicio de los derechos por la población migrante.”.
Por su parte, la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes (CAREF), argumentó que “la irregularidad migratoria no es, ni debe ser, asimilada a un delito” y que, en cambio, tiene que ser considerada como “una falta administrativa que la persona migrante puede subsanar con el Estado, en un marco de derechos y garantías y en ejercicio de su libertad.”
De la misma manera se expresó la propia Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfatizando que las políticas en torno a la migración parecieran estar ligadas más a una cuestión de seguridad y control, que al derecho de la migración como esencial e inalienable.
En la misma línea se manifestó el legislador porteño, Roy Cortina, presidente del Bloque del Partido Socialista, emitió una Declaración en la que muestra el fuerte repudio de la legislatura hacia esta medidaestigmatizante y que va en contra de los derechos humanos. En la declaración plantea que “Ese nuevo rumbo de política migratoria es inapropiado tanto por sus fundamentos xenófobos como por su finalidad persecutoria, al tiempo que conlleva implícito un efecto simbólico-cultural prejuicioso, estigmatizante y extremadamente peligroso que convierte al extranjero en el foco de los conflictos sociales y la problemática de la inseguridad”
