En la presentación judicial, aseguran que el incumplimiento de la creación de los Centros de Atención Veterinaria Comunal que establece la norma, y las dificultades en la obtención de turnos en los centros móviles, representa un serio problema para quienes no pueden tener acceso a la atención privada veterinaria y dejan en estado de vulneración a los animales que no pueden tener la atención sanitaria correspondiente. "Los Centros Veterinarios Comunales deberían ser como los CESAC, y deberían estar castrando todos los días masivamente y atendiendo clínica y urgencias de lunes a viernes y guardias. Eso dice la ley y nada de eso se cumple, solo hay dos centros de atención en Lugano y en Costanera sur, que son dos contenedores", asegura Mary Antunez, Presidenta de la Fundación por el Derechos de Animales No Humanos, y una de las actoras involucradas en la presentación del amparo. En CABA, hay más de un millón de perros y gatos
Texto: Perla Natalia Castillo
En el 2012 se sancionó la Ley 4351, la cual dentro de sus normas, indica que cada Comuna de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene que contar con un Centro de Atención Veterinaria.
Desde la sanción hasta el día de hoy, esta ley no está siendo implementada en toda su extensión, y esta situación puso en alerta a distintos colectivos proteccionistas y a Legisladores que decidieron unirse para presentar un amparo y reclamar por este derecho que beneficia tanto a la fauna urbana como a sus potenciales y/o actuales familias.
Una de las normativas de la Ley N°4351 contempla la construcción de Centros de Atención Veterinaria en cada Comuna, algo que a más de diez años de la sanción de esta ley, no sucedió.
Por ello, La “Fundación por el Derecho de los Animales No Humanos” y la “Asociación Civil Callejeritos de Flores para la Defensa de Perros y Gatos en Estado de Abandono” junto a los miembros de la Junta Comunal 8, Nayla Loitegui, de la Junta Comunal 12, Pablo Ortiz Maldonado, de la Junta Comunal 15 Leonardo Lucchese Di Leva, y de la Junta Comunal 7 Julián Cappa, presentaron una acción de amparo ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 24 (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 636) de la Ciudad a cargo del Juez Darío Reynoso para que se cumpla efectivamente la Ley 4351, cuyo objeto es el control poblacional y sanidad de canes y felinos domésticos y domésticos callejeros. Uno de los principales objetivos del amparo, es que se construyan los Centros de Atención Veterinaria Comunal que establece la norma.
Imagen. Centro fijo de Vacunación en Costanera Sur. Según la ley, debería haber uno en cada comuna, y sólo hay dos en total.
En su presentación solicitan que cautelarmente se cree una mesa de diálogo entre las autoridades del Gobierno de la Ciudad y los actores involucrados, para que en un plazo de 180 días eleve un informe de diagnóstico y propuestas urgentes.
Nadie nos Invitó estuvo en diálogo con Mary Antúnez, Presidenta de la Fundación por el Derechos de Animales No Humanos, y una de las actoras involucradas en la presentación del amparo.
Nadie nos Invitó: ¿Cuál es el recorrido que se hizo para llegar a tener esta ley y qué contempla?
Mary Atunes: La Ley 4351 fue sancionada en el 2012 y no está siendo cumplida, el objetivo de esta ley es lograr el equilibrio poblacional de perros y gatos. Tenemos 800.000 perros y gatos con dueños, pero sin dueños, en situación de calle se estima alrededor de 300.000.No tener un servicio público veterinario es grave y más cuando tenemos una ley con presupuesto e infraestructura asignada.
Imagen. Centro móvil de vacunación
NNI: ¿Qué se cumple actualmente de la ley?
MA.: Lo que se está cumpliendo es un diez por ciento de lo que indica la ley, porque el Gobierno de la Ciudad puso dos contenedores, que no es lo que indica. Uno lo pusieron en Soldati y otro en Costanera Sur, donde se hacen algunas intervenciones quirúrgicas y atenciones clínicas durante la semana. El problema con el contenedor, es que no cumple con lo que indica la ley, porque las personas con sus animales no tienen lugar de espera protegido.
Los días de calor o de frío a los animales, que van a ser intervenidos quirúrgicamente y que va a recibir anestesia, no se les brinda las condiciones necesarias, porque la temperatura corporal no puede estar alta o baja, no es lo indicado porque el resultado puede ser grave, de hecho, hay animales que mueren.
Los Centros Veterinarios Comunales deberían ser como los CESAC, y deberían estar castrando todos los días masivamente y atendiendo clínica y urgencias de lunes a viernes y guardias. Eso dice la ley y nada de eso se cumple, solo dos contenedores.
Por eso hicimos el amparo, porque no se está cumpliendo la Ley 4351 y se está incumpliendo la Constitución de la Ciudad, porque habla del amparo de la fauna urbana, es decir, de perros y gatos. Habla del control poblacional a través de métodos éticos.
La normativa está muy clara y también está muy claro el incumplimiento. Esto es muy grave porque hay muchos animales en la ciudad y solo se habla de las consecuencias, como cuando un animal muerde o cuando hay caca en la vereda o hay una caja de cachorros y altera el barrio, o cuando un animal cruza la calle y es atropellado.
Se habla de las consecuencias pero nunca de atender y ordenar las causas. Es necesario castrar masivamente para llegar al equilibrio poblacional. El equilibrio poblacional se logra con un número de animales que puedan tener hogares y no que estén en la calle.
Nosotros hicimos un registro estimativo, teniendo en cuenta a los baldíos y lugares vacíos. Calculamos un total de 300.000 animales en situación de calle, entre perros y gatos.
Hay un servicio totalmente insuficiente y mínimo. Por eso pedimos castración masiva, esto quiere decir que se tiene que establecer un número de castración anual que cause impacto poblacional, es decir, con el número anual de castración se le debe ganar a la progresión geométrica natural de las crías que tienen las perras y las gatas.
Una perra se alza si o si dos veces al año y puede tener entre 2 y 8 cachorros. En el caso de las gatas el número es mucho mayor porque se alza por penetración, es decir, que una gata puede estar amamantando a sus gatitos y puede volver a quedar embarazada. Es altísima la natalidad que pueden tener las perras y las ganas.
Si el nivel de castración está por detrás de este número, lo que se hace es traer beneficio en los animales que hoy se pueden castrar, pero no se beneficia a la comunidad en su conjunto.
NNI: ¿Cuál es la situación de las familias que tienen una mascota pero no pueden pagar la consulta particular en un veterinario?
MA.: Nosotros tenemos permanentemente consultas de personas que tienen que atender a su animal para algún tratamiento y no lo pueden hacer en una veterinaria privada porque los costos son altísimos y el animal se termina muriendo. Hoy la castración de una perra en una veterinaria privada ronda entre los $35.000 y $45.000 y es imposible de pagar para muchas familias.
NNI: ¿Con qué partida presupuestaria cuenta el Gobierno de la Ciudad para cumplir con esta normativa?
MA.: Sabemos que anualmente en la Ciudad se designan $40.000.000 y se van adjudicando módulos, entonces se suma más dinero al año, pero después vemos que está sub-ejecutado, entonces no se entiende. El gasto de insumos para castración de cada mascota no supera los $1.000 para una perra y para una gata no supera los $500. Acá el servicio público tiene la particularidad de desalentar a los usuarios y hay que ir armando redes para ver como se atienden las urgencias.
Esto tendría que ser como la vacunación de los chicos, donde en un corto tiempo se da la mayor cantidad de vacunas. Si lo hicieran al revés, los chicos se estarían contagiando y el Estado estaría vacunando constantemente y no funcionaría.
Esto es lo que pasa con las castraciones, hacen la menor cantidad posible en un mayor tiempo. Por dar un ejemplo, se castran a 10 perras y están pariendo 100. Es por eso que no funciona .Lo que más preocupa es que el Gobierno tiene el dinero presupuestario aprobado y no lo hace.
NNI: ¿Por qué contando con la partida presupuestaria no se cumple con la ley?
MA.: Creemos que no se hace por presión del sector corporativo, para que no se brinde un servicio óptimo. Los colegios veterinarios desde la década del 80 se opusieron a todo servicio público veterinario.
Hoy como la población lo pide imperiosamente no queda muy bien que se opongan a un servicio público entonces hacen presión para que el servicio sea pésimo. Y como la regulación de los medicamentos la tienen los colegios aún para los gobiernos, no destinan la medicación y de todos modos quedas cercenado a la posibilidad de atención.
NNI; ¿Qué se espera como resultado con este amparo?
MA.: Fundamentalmente queremos visibilizar e instalar el tema, porque mucha gente no sabe que tiene esta herramienta, entonces, si no saben que tienen la herramienta mal pueden reclamar.
Nosotros lo que pedimos en el amparo, además de la construcción de los Centros Veterinarios Comunales, es una medida cautelar para iniciar una mesa coordinadora de trabajo entre los distintos actores interesados, para ver cómo agilizamos esto.
Estamos en una década donde ya el reconocimiento de los animales es un derecho, ya se habla jurídicamente de multi-familia, multi-especie e incluso hay parejas que se separan y tienen régimen de visita o de tenencia de las mascotas, hasta se les dice perri-hijos.
Lo que más nos enfurece es que estamos en una ciudad que tiene el presupuesto para asignarlo y optimizarlo. Es decir que es muy posible de lograr esto y en cambio se hace un garabato para decir estamos haciendo algo, pero ese algo nunca alcanza y cada vez tenemos más animales en situación de calle y de riesgo, o familias que tienen su animal y no tienen las posibilidades económicas de atenderlos.
