El jueves 18 de junio se aprobó en la Legislatura la Ley Hojarasca, un proyecto impulsado por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger que busca derogar leyes “obsoletas”. En el listado se incluye la Ordenanza 46.229, que impide las concesiones y permisos de uso en los espacios verdes públicos de la ciudad.
Escribe: Leandro Manganelli
“Las plazas se pueden transformar en shoppings, emprendimientos privados, e incluso se podría cobrar entrada, como pasa en el Parque Sarmiento”, denuncia María Eva Koutsovitis, ingeniera hidráulica e integrante del Observatorio de la Ciudad: “Es absolutamente falso que esta norma carezca de actualidad, sobre todo si tenemos en cuenta que la Ciudad de Buenos Aires es de las capitales del mundo con menos espacios verdes por habitantes: ahora el poder ejecutivo tiene vía libre”.
Esta derogación, entonces, puede tener un impacto ambiental si se piensa al espacio verde como recinto de explotación comercial y no como eje para un balance ambiental en la ciudad. Según Koutsovitis, el suelo absorbente que defendía la Ordenanza 46.229 “es absolutamente estratégico para poder mitigar las amenazas de origen natural que tiene que enfrentar la ciudad que son las inundaciones y las olas de calor”.
En octubre del año pasado se conoció que el Gobierno de la Ciudad iba a vender ocho hectáreas del Parque de la Ciudad a través de una subasta pública gestionada por la Corporación Buenos Aires Sur. La venta es a un solo comprador (Access Argentina S.A.) y, según detalló Koutsovitis en su cuenta de X, “pagarán apenas USD 60 el metro cuadrado”.
“Detrás de la sanción de esta ley de hojarasca no solo está el negocio de la privatización del espacio público, sino que también está el desfinanciamiento al desarrollo del sur de la ciudad y el desfinanciamiento a la economía popular”, explica María Eva, quien también es docente en la UBA y en la UTN. Cuando se conoció este punto de la Ley Hojarasca, organizaciones como la Asociación Amigos del Lago de Palermo se manifestaron ante la posibilidad que se abre para la instalación de negocios en parques públicos de la ciudad. Y la tónica de esta gestión aliada al sector privado se ve reflejada en el trabajo que se está realizando en la ribera de La Boca con la instalación de locales comerciales que tapan la vista al río.
A la negación de vecinos y vecinas al uso comercial de los espacios verdes de la ciudad se suma la preocupación por la administración de los mismos en relación a su impacto ambiental. “A la desigualdad estructural en términos de norte y sur en la Ciudad de Buenos Aires tenemos que incorporar la desigualdad ambiental y climática, porque un día de mucho calor en la ciudad podés encontrar temperaturas de entre 15 y 20 grados más en el sur, centro y oeste respecto de lo que pasa en el norte y la zona de la costanera. En algunas villas porteñas recién cada 80 habitantes encontrás un árbol”, denuncia Koutsovitis. La Comuna 10, por supuesto, no escapa a esta lógica: en los últimos veranos, Floresta y Monte Castro tuvieron temperaturas de más de 45 grados, justo en zonas comerciales como el polo textil de Avenida Avellaneda.
