La Legislatura porteña comenzó a tratar el proyecto en Comisión donde, pese al rechazo del sector inmobiliario, se vió un amplio consenso de los distintos bloques políticos. Se espera que la iniciativa sea tratada por el conjunto de los legisladores en la sesión del 24 de agosto.
El proyecto presentado por el Ejecutivo a finales de julio, que obliga a que la comisión inmobiliaria la pague el dueño, asegura la gratuidad de los pedidos de informes y la certificación de firmas y la creación de un sistema universal de garantías, comenzó a tratarse en la reunión de asesores de Comisión de Legislación General de la Legislatura.
Durante la tarde del jueves, además de intervenir los asesores de los legisladores que deberán discutir esta iniciativa, pudieron escucharse las observaciones de los distintos representantes del sector, como el Colegio Profesional Inmobiliario, la Cámara Inmobiliaria Argentina y la organización Inquilinos Agrupados.
Las voces más duras vinieron por parte del Colegio y la Cámara Inmobiliaria, quienes aseguraron que “el Anteproyecto de Ley está orientado a intervenir el libre mercado de la oferta y demanda de alquileres cercenando el cobro de honorarios por Servicios Profesionales”.
El Colegio Profesional Inmobiliario aseguró que hoy las partes acuerdan los honorarios libremente con un tope puesto por la Ley y respetado por todas las partes.
“Intervenir en este libre acuerdo destruye un mercado que funciona por la oferta y la demanda. La intervención en mercados regulados libremente por la oferta y la demanda no garantizan mejorar los precios, sino que por el contrario los encarecen”, advirtieron a través de un comunicado titulado «Maldita Regulación», en el que exigieron constituir una Mesa de diálogo para evaluar distintas alternativas ya que ellos tienen propuestas mucho más «creativas y beneficiosas» que el actual proyecto.
Sin embargo, para Gervasio Muñoz, referente de los inquilinos, el Colegio que agrupa a las inmobiliarias de la Ciudad se opone a este proyecto de ley porque quieren seguir cobrándole la comisión a los inquilinos, la parte débil de la ecuación, ya que no pueden negociar y por ello tienen que aceptar cualquier requisito.
“Quieren seguir cobrándole a los inquilinos porque les pueden cobrar por encima de los límites legales, le pueden cobrar IVA y no darle una factura, le pueden cobrar $4.000 un informe que vale $420. Saben, en cambio, que los propietarios tienen más opciones. Los propietarios pueden reclamar que se cumplan todos sus derechos desde la tranquilidad de no tener en juego la vivienda familiar. Pueden, incluso, prescindir de los servicios de una inmobiliaria e irse a otra o alquilarle directamente al inquilino”, asegura Muñoz.
Un proyecto que avanza
Pese a los cruces verbales en la reunión de ayer, todos los asesores de los bloques legislativos dieron el visto bueno al proyecto presentado por el oficialismo. La única modificación corrió por cuenta del Bloque Peronista, cuyos asesores plantearon la necesidad de agregar un artículo para modificar el Código de Faltas de la Ciudad para poder multar y sancionar a las inmobiliarias que sigan cobrando la comisión o los informes a los inquilinos.
De mantenerse este acuerdo, la semana próxima, en la reunión de comisión de legisladores, se dará dictamen al proyecto y todo indica que la iniciativa será tratada por el conjunto de los legisladores en la sesión ordinaria del 24 de agosto.
