El proyecto, presentado en 2014 por Gustavo Vera, modifica el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras más conocidas como coperas y bailarinas, aduciendo que es la manera de encubrir como empleadas a las víctimas de trata y explotación sexual dentro de los locales nocturnos Clase A, conocidos como wiskerías o cabarets. Presentada en 2014 por Gustavo Vera, la iniciativa ahora recibió el apoyo del PRO y se encamina a su aprobación.
“El oficialismo quiere avanzar, de hecho está corriendo a la oposición para que la vote” asegura Lucas Schaerer, titular de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata y hechos vinculantes de la Legislatura.
La situación parece insólita, pero es real. Tras dos años de batallar casi en soledad, el proyecto presentado en 2014 por el legislador de Bien Común Gustavo Vera que propone modificar el Código de Habilitaciones para derogar la figura de las alternadoras, más conocidas como coperas y bailarinas, está a punto de ser aprobado gracias al apoyo del PRO.
Para Schaerer, el cambio en el oficialismo se explica por dos motivos. Uno, porque el volumen judicial de casos de trata y de denuncias por prostíbulos encubiertos ha crecido, vale recordar el caso del bar nocturno Stavros, clausurado recientemente debido a que se probó que sus dueños obligaban a las empleadas a prostituirse, y por lo tanto el gobierno porteño esta más acorralado y debe hacer cumplir la ley.
Las denuncias que vinculan a dirigentes del PRO con negocios con prostíbulos son reiteradas. A modo de ejemplo, Schaerer recordó que la campaña de Mauricio Macri para ser presidente de Boca Juniors se lanzó desde el boliche Shampoo, un probado prostíbulo cuyo dueño era Gabriel Conde, condenado por explotación de una menor inmigrante en dicho establecimiento, e hijo de Luis Conde, dirigente de Boca Juniors, ya fallecido, que impulsó la carrera de Mauricio Macri en el club xeneixe.
El otro, la acción sistemática de Jorge Bergoglio, desde su lugar como titular de la iglesia en nuestro país hace años y ahora al frente del vaticano, en su lucha contra la trata de personas y la prostitución.
En el proyecto se asegura que en la Ciudad, actualmente, existen normas locales que “contribuyen a sostener el fenómeno de la prostitución organizada”, entre las cuales se enumera la habilitación de la figura de alternadoras o coperas en los locales de diversión nocturna clase “A” y reglamenta su inscripción en registros especiales y somete a vigilancia médica, por lo cual es un deber constitucional derogarlas.
“Estos locales han sido tradicionalmente lugares en los que se ejerce la prostitución en forma apenas encubierta” denuncia el proyecto. “La existencia de reglamentaciones para la actividad de las alternadoras son resabios de los tiempos en que la prostitución estaba regulada y pretendidamente sujeta a vigilancia médica. El funcionamiento de esta clase de locales de diversión nocturna está en contradicción con las normas establecidas en los arts. 3, 6 y 16 del Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, ratificado por ley 11.925. En efecto, la labor de prevención, de prohibición de los registros de personas de quienes se sospeche que ejercen la prostitución y la exigencia de incriminación de los actos preparatorios de la explotación de la prostitución ajena no se cumple si el estado tolera y reglamenta actividades que sirven de pantalla a los prostíbulos. Constituye un acto de hipocresía política condenar retóricamente una conducta que se reglamenta en las leyes. Consideramos que de este modo la Ciudad de Buenos Aires se une al movimiento, que en forma creciente en el interior del país, se dispuso a dar batalla a la explotación de prostitución ajena derogando las ordenanzas y leyes que reglamentan el funcionamiento de locales de diversión nocturna, clubes nocturnos, cabarets o whiskerías que no son en la realidad otra cosa que prostíbulos. Estas reglamentaciones contrarias a los tratados internacionales mencionados más arriba y a las disposiciones de la ley 12.331 constituyen una afrenta a la dignidad de la mujer toda vez que admite el estereotipo que la reduce a la condición de cosa, instrumento de placer, objeto de transacciones comerciales. La Ciudad de Buenos Aires debe adoptar perspectivas de género en la adopción de sus políticas públicas y medidas efectivas de protección contra las víctimas de la explotación sexual de conformidad con las claras disposiciones del art. 38 de la Constitución porteña. Mantenerse al margen de este movimiento y no modificar una normativa vetusta y claramente contraria a principios elementales de moral pública no es admisible. En consecuencia, se eleva este proyecto a la consideración de la Legislatura”.
El próximo jueves 29, la Legislatura deberá decidir si continúa mirando para el costado o decide empezar a enfrentar el tercer negocio ilegal más rentable del mundo, que genera 32 mil millones de dólares anualmente y que en América Latina representa ganancias equivalentes al 17% del PBI de la región, según datos provistos por Teresa Ulloa Ziaurriz, integrante de la Asociación Civil CATWLAC y Directora Regional de la “Coalición contra el tráfico de mujeres y niñas en América Latina y el Caribe”.
