El proyecto prohíbe el ingreso de las fuerzas de seguridad sin orden judicial o sin la expresa solicitud de los directivos del establecimiento educativo. También prohíbe en todos los casos la portación de armas dentro de los colegios y la averiguación de información sobre actividades escolares, como la refreída a los centros de estudiantes o relacionadas con medidas de fuerza.
El proyecto de ley presentado por el legislador José Cruz Campagnoli, del bloque del Frente para la Victoria, se fundamenta en la necesidad de regular el ingreso de las fuerzas de seguridad a los ámbitos educativos de la Ciudad de Buenos Aires.
“Consideramos imprescindible constituir una normativa que resguarde tanto los derechos de los niños, niñas y adolescentes, como el respeto por la diversidad política y el ejercicio democrático dentro de las instituciones educativas”, asegura Campagnoli.
La iniciativa está enmarcada en los últimos hechos denunciados en la Ciudad tales como lo sucedido en los colegios mariano Acosta y en el Técnico 27.
El jueves 20 de Abril personal policial armado ingresó al Escuela Normal Superior Mariano Acosta mientras se estaba desarrollando una clase pública organizada por los centros de estudiantes en apoyo a los docentes y con autorización de las autoridades.
Horas antes, un grupo de policías, se instaló en la puerta del colegio. Cuando las autoridades y personal docente preguntaron qué se encontraban haciendo allí, les respondieron que estaban para impedir el desarrollo de una marcha que supuestamente se iba a realizar en el lugar.
“Las circunstancias en las que la Policía de la Ciudad se hizo presente en el colegio Mariano Acosta resultaron totalmente arbitrarias y no siguieron ningún tipo de procedimiento. Su irrupción en la escuela no hizo más que quebrantar el ámbito educativo, y alterar la dinámica funcionamiento institucional. Al mismo tiempo, puso en evidencia la peligrosidad que implica que agentes policiales ingresen a ámbitos educativos armados”, asegura el proyecto.
Si bien la Ley 5688 de la Policía de la Ciudad explicita las funciones de esta fuerza de seguridad, su accionar en el marco de presencia de niños, niñas y adolescentes deber ser estrictamente regulado con el objetivo de salvaguardar la integridad física de los Niños, Niñas y Adolescentes siguiendo las leyes de protección integral, la Ley 62061 de la Nación y la Ley 114 de la Ciudad; así como también la Convención sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.
Por su parte, el Reglamento Escolar (Resolución N° 4776) establece que son los/las Directores/Directoras/Rectores/Rectoras en los distintos niveles y Áreas de la Educación las máximas autoridades de los establecimientos a su cargo y, en consecuencia, responsables de su gobierno y conducción pedagógica y gestión técnico-administrativa.
En el reglamento queda explícito que las Escuelas mantienen un estricto sistema de conducción que convierte a la Dirección de la escuela en la máxima responsable de lo que ocurra al interior del establecimiento. Por tales motivos, debe ser prioritaria la intervención y participación de las autoridades de la escuela en la decisión sobre el ingreso de las fuerzas de seguridad al establecimiento, siempre y cuando exista una orden escrita y fundada por autoridad judicial competente, en tanto son estas las que conocen en profundidad las dinámicas y realidades de cada institución.
Campagnoli advierte que la ley que impulsa es producto del consenso y trabajo entre estudiantes, docentes, directivos, personal no docente y especialistas en seguridad y derechos humanos; y se encuentra en sintonía con los principios más progresivos, en términos del ejercicio democrático, que establece la Ley N° 5688, de Sistema integral de seguridad pública de la Ciudad.
